Luego de los resultados de la farsa electoral del seis de Diciembre y la participación exitosa que tuvo la consulta el doce de este mismo, toca hacer a la oposición democrática venezolana un análisis sobre los nuevos escenarios que se vislumbran y las nuevas tareas que de ellos se derivan.
Para la farsa se desplegaron todos los recursos disponibles del Estado Venezolano, la publicidad por todos los medios de comunicación fue atosigante, las amenazas descaradas e insolentes, pero con todo y eso los centros de votación estuvieron vacíos y esa abstención militante fue la que observó y constató todo el país y la comunidad democrática internacional, de allí que nadie creyó en las cifras oficiales del CNE.
Por otra parte, la consulta se obliga luego de un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana que insta a la oposición a realizar actividades que involucren la participación colectiva ante la dictadura. Eso condujo a un proceso acelerado pleno de accidentes y correctivos de última hora. Hubo falta de información y se incubaron legitimas dudas sobre el apoyo que pudiera tenerse, tomando en cuenta las limitaciones por todos conocidas y el cerco comunicacional impuesto por el régimen. No obstante, el resultado fue un gran éxito donde se superan las expectativas con una participación mayor a los siete millones de ciudadanos aptos para votar. Nicolás Maduro, aturdido por la emoción que despertó esta consulta dijo que no tenía rango constitucional, a lo cual se debe responder con el contenido del artículo 71 de la Constitución que textualmente establece: ”Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por…acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes…”. No hay duda pues que la iniciativa tomada por la Asamblea Nacional, a fin de consultar al pueblo sobre las preguntas que se formularon tiene un indiscutible rango constitucional.
Ahora bien, se dijo que esta Consulta era vinculante y lo cierto es que esto es verdad desde el punto de vista constitucional ya que responde al contenido de la disposición 70, en donde se establece que son medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, entre otras formas, la consulta popular, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, esto es, que se reviste de un atributo obligatorio. Además de ello debe agregarse que está tutelada por tratados internacionales en defensa de la Democracia, tal y como lo han reconocido instancias como la OEA.
Con este diagnóstico sobre la mesa toca analizar lo que podemos hacer como oposición democrática a partir del 5 de Enero, cuando se trate de instalar la ilegitima Asamblea Nacional, nacida de la farsa electoral del 6 de Diciembre. En primer lugar, debemos partir de que tal como Maduro usurpa el cargo de Presidente debido a que no hubo elecciones en mayo de 2018, por ser írrito el proceso en cuestión, así mismo este fraudulento proceso electoral para elegir a la Asamblea Nacional, debido a sus múltiples vicios, inclusive al ser convocado y realizado por un órgano ilegítimo como lo es el Consejo Supremo Electoral, también deben darse por no realizado, por lo que la actual Asamblea Nacional bajo el principio de la continuidad de la gestión administrativa, debe continuar en sus funciones. Sin embargo, al vivir en dictadura lo más probable es que los diputados legítimos sean perseguidos y encarcelados como sucedió con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional y que actualmente se ven forzados a vivir fuera del país.
Por ello debemos asumir la posibilidad de que la Asamblea Nacional electa en el 2015 no podrá funcionar dentro del territorio nacional, bajo control de Nicolás Maduro y la cúpula militar, de allí que la oposición democrática no tendrá desde ese momento esa instancia como refugio y protección para el desarrollo de su activismo político. Tampoco los partidos confiscados o bajo amenaza de serlo podrán desenvolverse con normalidad. Bajo este marco de restricciones y sin contar con una plataforma institucional cierta, toda la actividad opositora quedará tutelada únicamente por los principios constitucionales donde se consagran los derechos sociales y políticos de la ciudadanía, es decir, la oposición democrática tendrá que hacerse a partir de Enero bajo la investidura de Sociedad Civil.
Esto es importante que con humildad lo reconozcan los partidos políticos, sobre todo los que conforman el G4, instancia operativa que dejará de existir al no contar la oposición con la Asamblea Nacional como instancia de Poder real y concreto dentro del país,
No obstante, ha sido tanto el coraje y patriotismo que han demostrado los dirigentes y militantes de los partidos políticos que se mantendrán como referencia organizativa para emprender y liderar las actividades de resistencia ciudadana que todos debemos asumir como reto colectivo de la sociedad venezolana, bajo la coordinación de actores que la representen con la idoneidad que exigen las actuales expectativas ciudadanas. Dios nos acompañe en esta nueva etapa.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
