El 14 de diciembre la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su informe sobre la situación venezolana en el cual concluye que “Existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”
En febrero de 2018 la CPI anunció que había decidido abrir un «examen preliminar» sobre Venezuela, paso previo a una investigación formal, para evaluar presuntos crímenes «en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa».
Ese mismo año, en septiembre, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una carta suscrita por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya.
Uno de los pliegos presentados para la demanda, fue un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, donde están documentadas torturas y detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, en el tiempo correspondiente a las protestas entre abril y julio de 2017.
En 2020 la CPI dio por concluido ese examen preliminar y se procederá a una investigación durante la primera parte de 2021 al régimen de Nicolás Maduro, por considerar que él, otras 10 personas, y miembros de las Fuerzas Armadas, son supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país.
La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión, pero podría dictar cadena perpetua. A la fecha, la CPI ha procesado por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio a los dictadores Jean Kambanda (Ruanda), Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil) y Muammar Gaddafi (Libia).
