Especialistas concuerdan al señalar que si bien todavía queda camino por recorrer, el avance que ha tenido la Corte Penal Internacional (CPI) en su examen preliminar sobre la situación en Venezuela es positivo, y piden protección para las víctimas y organizaciones involucradas.
El lunes (14 de diciembre de 2020), la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó su reporte anual sobre actividades de examen preliminar. Estas actividades incluyen el caso Venezuela I, un examen preliminar iniciado en 2018 que se enfoca en los presuntos delitos cometidos en el contexto de disturbios políticos desde al menos 2017.
Bensouda ratificó lo dicho en una publicación en noviembre de que se determinó que hay “fundamentos razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela”. Es decir, concluye la segunda fase del examen, relacionada a la jurisdicción de las denuncias.
Marianna Romero, abogada y defensora de DD.HH., explicó a la Voz de América que estos exámenes preliminares constan de cuatro fases y Venezuela estaría entonces entrando a la tercera fase, relacionada a la complementariedad, en la que se verificará si las autoridades del país están desarrollando o desarrollaron algún tipo de procedimiento para investigar y sancionar estos crímenes, considerando incluso la cadena de mando.
En esta fase también se estudia la gravedad de la naturaleza de los crímenes, apuntó Romero.
La también directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia comentó que en el resumen, la fiscalía de la CPI detalla que está analizando crímenes de lesa humanidad como tortura, violación y otras forma de violencia sexual, persecución de grupo o colectividad y temas relacionados con la excarcelación.
Destacó que la Fiscalía incluso ya empezó a hablar de responsabilidades de miembros de fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) e incluso de “individuos civiles que apoyan al gobierno”.
“Hay que seguir avanzando para dar pie a la culminación de estas dos fases que faltan y que finalmente la fiscalía abra una investigación formal ante la Corte Penal Internacional por estos crímenes que han sido cometidos”, señala Romero.
La defensora expone que una vez finalizado el examen, y si se decide proseguir, la corte abre un procedimiento formal para “investigar, juzgar y sancionar a los responsables y poder proveer entonces reparación efectiva a las víctimas de los crimenes de lesa humanidad”.
Proceso en la CPI avanza “bastante rápido”
En su resumen anual, como parte de las conclusiones del Venezuela I, la oficina de la fiscalía de la CPI expresó su intención de concluir el examen preliminar para determinar si hay fundamento para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021.
A pesar de que son casi tres años de la apertura de este examen, que fue referido por seis países, Romero destaca el examen ha avanzado “bastante rápido” en comparación con otros procesos. Asegura que ha sido así por la persistencia que las organizaciones y las propias víctimas han tenido de documentar y denunciar.
“Las víctimas y la sociedad en general esperan respuestas mucho más rápidas del derecho internacional y aquí es muy importante cómo se manejan las expectativas, ya que estos procesos obedecen a una serie de pasos y de cuestiones y de formalidades que se deben dar”, señaló la defensora de DDHH.
Gonzalo Himiob Santomé, abogado y director vicepresidente ONG Foro Penal, concuerda al calificar el hecho que la Fiscalía espera terminar su examen preliminar el año que viene como “muy positivo”. Explicó que el promedio para llegar al punto donde está el examen sobre Venezuela es de 4 o 5 años.
“Si hacemos un comparativo con otros exámenes preliminares de otros países, tenemos que afirmar que ciertamente el análisis de la situación de Venezuela ha evolucionado, dentro de lo que son por supuesto los parámetros internacionales, con bastante rapidez”, señaló Santomé a la VOA.
Por su parte, Thairi Moya, experta en derecho internacional penal y colaboradora de la ONG del Centro de Justicia y Paz Organización (CEPAZ), expuso que si bien estos procesos tienen fases bien marcadas, de momento no tienen un tiempo determinado.
Moya destaca que incluso al concluir el examen preliminar, y de llegarse a determinar no abrir una investigación formal, todavía quedarían acciones que se podrían tomar.
“La justicia internacional siempre está allí trabajando. Es un trabajo que puede llevar tiempo, pero es un trabajo que si se lleva a cabo”, señaló la especialista durante una rueda de prensa.
Para el año que viene, se elegirá un nuevo un nuevo fiscal para la CPI, quien debería continuar la labor de Bensouda en este examen, y los demás que están en desarrollo.
La abogada destaca que esto no es algo que deba preocupar, pues ya no se podría retroceder en las fases y son procesos administrativo que, en su opinión, le daría más “legitimidad” a la investigación.
Tanto Moya como Romero destacaron la necesidad de protección y acompañamiento de los involucrados en este proceso.
Romero indicó que necesario que tanto en la CPI, como en el marco de otros procesos internacional, “trabajen y exhorten al Estado a que no se comentan represalias ni actos de intimidación ni hostigamiento contra las personas que cooperan con estos mecanismos, tanto víctimas como organizaciones”.
“Disposición de colaboración”
El Ministerio Público venezolano, bajo el mando del fiscal designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, respondió a la actualización de la fiscal Bensouda con un breve comunicado.
El texto, publicado en su cuenta en Twitter, saluda que “se haya valorado” la reunión de la fiscal de la CPI con Saab y el Defensor del Pueblo de Venezuela en La Haya a principios noviembre, así como la colaboración que hay con la institución.
“Esta decisión muestra que las instituciones venezolanas están dando todos los pasos necesarios y atendiendo todos los requerimientos de la Fiscalía en tiempo y forma, y por lo tanto, se está demostrando su firme disposición de colaboración”, señala el comunicado.
En el resumen de la fiscalía de la CPI, señalan que el gobierno en disputa ya entregó una respuesta inicial a sus pedidos CPI y se comprometió a dar el resto en enero de 2021.
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