Un reciente boletín del Observatorio Venezolano de Violencia Lara indicó que los habitantes de esta entidad se han ingeniado de forma creativa las modalidades de protestas que llevan a cabo para manifestar su descontento. Dicho cambio en la forma de protestar lo hacen con el fin de contrarrestar los abusos de poder y la represión que se han vuelto habituales durante las manifestaciones de calle.
Entre las nuevas modalidades de protesta, el OVV Lara destaca la elaboración de pancartas, pitazos y cacerolazos con la intención de evadir el riesgo de detenciones y posible contagio del nuevo coronavirus.
«La creatividad fue el medio seleccionado por las comunidades organizadas en varios municipios de la entidad para expresar el descontento por el colapso de los servicios básicos, la crisis de combustible, la precariedad salarial, el quiebre del sistema de salud y las fallas en la alimentación, sin tener que salir de sus residencias y poner en riesgo sus vidas», expresa el OVV.
Esta institución también señala que desde antes que se iniciara el estado de alarma debido a la COVID-19, el estado Lara ha sido escenario de una serie de acciones de calle en los municipios Iribarren, Morán y Torres, principalmente, que ha tenido como respuesta una intensa represión acompañada de detenciones, maltratos, torturas y demás violaciones de los derechos humanos.
Durante los meses de septiembre y octubre, hubo una intensificación de las
protestas. Según los datos aportados en el Informe de Conflictividad Social de ORC Consultores, hubo 350 protestas en Lara durante este período.
A pesar del temor, los habitantes del estado desarrollaron su creatividad con carteles que fueron colocados en las rejas de sus viviendas, negocios y paredes de las comunidades, como una alternativa de protesta en medio de la pandemia. Asimismo, produjeron videos caseros donde evidenciaban las carencias y fueron subidas a las plataformas de Twitter, Instagram y YouTube.
“La gente busca ganarle al miedo”, dice la psicóloga social Ghada Richani, para explicar que Lara es un estado que se ha caracterizado por tener comunidades muy organizadas y experiencias de autogestión que permiten paliar la insatisfacción de necesidades básicas que deberían atender los entes oficiales.
“Las comunidades se mantienen activas cuando hay una violación a los derechos humanos u otras situaciones que van en detrimento de la calidad de vida. Hay una reactivación de los roles que invitan a manifestar y organizarse con los vecinos, para elaborar rutas y salidas. Somos resilientes ante la dramática situación que vivimos”, comentó Richani, quien también es docente de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Asegura la psicóloga social que la fuerte represión de los cuerpos de seguridad en el estado ha devenido en peor. Las órdenes de privativa de libertad y la detención arbitraria son parte de la política de amedrentamiento hacia la sociedad que está sumergida en una de las crisis más severas de los últimos tiempos.
La activación de parte de la sociedad civil ha llevado a la unión de algunos
sectores de distintos municipios en Lara, con el fin de solicitar, en una sola voz, mejoras para sus entornos. Buscan la manera de sobrellevar las penurias, drenar la frustración y tratar de buscar soluciones. “Gracias a los éxitos y a la memoria que tenemos de esos hechos, la ciudadanía ha podido mantenerse. Es el refuerzo positivo que permite que las personas consideren que es su derecho ejercer el rol de la protesta para dignificar su vida”, aseveró Richani.
