En cuatro capítulos, el informe más reciente de la Fundación Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas), en alianza con la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, enumera las consecuencias de la ruptura ética y política entre los derechos humanos y la paz que ha generado el clima de desinstitucionalización, violencia, desigualdad e inseguridad alimentaria, sanitaria y laboral que gira en torno al proyecto de la Zona de Mineral Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Consecuencias que continúan dañando la biodiversidad irreemplazable de la Amazonía venezolana, el tejido social y la existencia misma de los pueblos originarios ante la tolerancia del Estado venezolano.
El efecto práctico de la declaratoria del AMO, desde 2016, fue potenciar de manera descontrolada y acelerada la minería ilegal en todo el territorio al sur del río Orinoco. La bióloga y parte del equipo de investigación de Cerlas, Dorixa Monsalve Dam, informó que de los siete parques nacionales que se tienen en el país, seis están afectados por la minería ilegal. Solamente en el Parque Nacional Canaima, que es una zona protegida y patrimonio mundial, hay hasta ahora 59 focos de minería.
El 30% de los focos de minería en la región de la Amazonía se concentran en el área selvática de Venezuela, lo que quiere decir que, en esta zona, una de las más biodiversas del mundo, hay más de mil intervenciones mineras de compañías extractivistas y mineros artesanales. En territorios que deberían estar custodiados por las fuerzas militares del Estado.
“Estos focos están afectando el ecosistema en general, la fauna, la biodiversidad… se sabe que gran parte del oro llega al gobierno o a los poderes militares por diferentes vías, llamados caminos verdes, que sabemos que son verde oliva”, dijo Monsalve.
En principio, el AMO nunca fue ecoamigable. Aunque prometía la explotación racional del mineral aurífero, sin el uso del mercurio. La bióloga señaló que una de las grandes preocupaciones de la extracción minera en este territorio es precisamente el uso del mercurio para procesar el oro, y que, en algunos casos, su venta es incluso más lucrativa que la de la piedra dorada.
Aunque el uso del mercurio está prohibido para todas las actividades mineras de Venezuela desde 2013, la investigación sostiene que casi todo el oro que se extrae en los territorios mineros se analiza con mercurio, que llega al país desde Guyana por el río Cuyuní toda vez que las diferentes fuentes de agua, suelos y biodiversidad están siendo envenenados de forma sistemática por el uso del metal líquido sin que haya evidencia de que su uso y comercialización esté controlado o impedido por el Estado.
La región Guayana tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Recurso que también está gravemente amenazado desde que en abril de 2020 se aprobó la exploración y explotación minera primaria de oro, diamante y demás minerales estratégicos en seis áreas fluviales: los ríos Caura, Caroní, Yuruari, Cuchivero, Aro y Cuyuní.
La explotación continúa a pesar de que la resolución se derogó en octubre 2020, luego de que pobladores de Maripa, en el municipio Sucre, protestaran en rechazo a la explotación minera en el río Caura que desde un principio viola la Ley de Aguas.
Diseminación de malaria en municipios no mineros
“Los recursos naturales son esenciales para la salud, reconocer la devastación que produce el extractivismo en la salud y el ambiente, así como la erosión de la soberanía de nuestros gobiernos que han cedido en favor del falso desarrollo y el lucro es importante para estructurar nuestra resistencia”, manifestó Aureliano Sánchez, miembro del observatorio de Cerlas y quien desarrolló el capítulo del impacto del AMO sobre la salud de quienes están involucrados directa e indirectamente con la dinámica del oro.
El estado Bolívar es históricamente un territorio endémico por paludismo, y la cuna del paludismo no solo en Venezuela sino en toda Latinoamérica. Aunque con el apoyo de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Cruz Roja logró disminuirse el brote epidémico de paludismo en los municipios mineros que eran el foco más caliente de los contagios, el paludismo se diseminó en los municipios del norte de la entidad como consecuencia de la migración interna de quienes se movilizan de las minas a sus sitios de origen y generan nuevos focos de contagio que hasta ahora no han podido controlarse.
Para el primer semestre de 2020, los casos de paludismo repuntaron en Caroní, Angostura del Orinoco y Piar. En medio de la pandemia por COVID-19.
Territorios mineros a merced del hambre
El experto señala, que la dinámica extractivista también trajo consigo un esquema de agravamiento de la inseguridad alimentaria en la zona producto de dos fenómenos sociales: el desplazamiento forzado de migrantes internos que buscan mejores ingresos en las minas, y el desplazamiento forzado de productores agropecuarios por parte de grupos irregulares que buscan tomar sus territorios, y, por lo tanto, desarman la red agroproductiva de la zona.
La región Guayana es una de las zonas con mayor inseguridad alimentaria de acuerdo con la Evaluación de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos. Esto quiere decir que en Bolívar (11%), Amazonas (15%) y Delta Amacuro (21%), las personas corren el riesgo de morir por hambre.
93% de los hogares en el estado Bolívar viven en inseguridad alimentaria, y los municipios mineros son los que presentan una mayor tasa de inseguridad. Así lo revelan as cifras más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Sucre (89%), Cedeño (86%), Sifontes (82%), Roscio (77%), Gran Sabana (73%) y El Callao (72%), están a merced del hambre, aunque abunde la riqueza mineral.
Otro de los factores que influyen en la inseguridad alimentaria de la zona es el agotamiento de las formas de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas por la contaminación de las aguas y los alimentos y la destrucción de la industria turística.
Sánchez expuso que hay otras amenazas a la salud que también son resultado de la dinámica del AMO, como la proliferación de otras enfermedades vehiculadas por zancudos, como el dengue, la intoxicación por mercurio y cianuro, -materiales que se utilizan para procesar el oro-, y el brote de enfermedades prevenibles como el sarampión, difteria y tuberculosis como resultado de una falta de política de inmunización constante.
Para tomar el pulso de todas estas afecciones no hay datos oficiales, por lo que el experto señala que es fundamental exigir al Estado venezolano que permita el levantamiento de información de campo. “Destacar la necesidad de fortalecer el vínculo entre la lucha por el derecho a la salud y la resistencia contra el extractivismo es una tarea fundamental”, dijo.
Derecho a la vida violentado sistemáticamente
La dinámica violenta del AMO ha dejado un saldo de 217 personas asesinadas entre marzo de 2016 y junio 2020 de acuerdo con la investigación basada en fuentes abiertas.
Ese es el resultado de las 25 masacres que los medios de comunicación social reportaron en esa línea de tiempo y cuyos actores involucrados son los organismos de seguridad del Estado, grupos armados irregulares autodenominados sindicatos mineros y grupos guerrilleros extranjeros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
“Lo curioso es que, aunque hay bandas criminales y guerrillas, el actor armado que está involucrado en la mayoría de las masacres corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado”, señaló César Romero, investigador de Cerlas.
El actor armado que ha estado involucrado en la mayoría de las masacres acontecidas entre 2016 y el primer semestre de 2020, corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado y sus diversos componentes, especialmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) y la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Entre enero de 2019 y junio de 2020 se registraron 345 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar de acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
39% de estas muertes potencialmente ilícitas ocurrieron en territorios mineros en medio de supuestos enfrentamientos u operativos de seguridad o desocupación de territorios en resguardo ambiental. Casi la mitad de las víctimas no pudieron ser identificadas.
A pesar de las cifras alarmantes, hay un inminente subregistro del rastro de sangre que deja la extracción aurífera y las dinámicas de poder del territorio desinstitucionalizado. “Y tenemos que tomar en cuenta que no todos estos hechos son expuestos públicamente. Esto es solo lo que logra salir en medios de comunicación”, afirmó Romero.
Al mismo tiempo, también se engrosa la lista de personas desaparecidas en este contexto violento. Al menos 77 ciudadanos han desaparecido a sur del estado Bolívar desde el 2012 hasta lo que va de 2020 sin que el Estado los busque, y el epicentro de estas desapariciones es hasta ahora el municipio Sifontes, también el más violento.
24% de las personas desaparecidas provienen de otros estados del país, y vieron en las minas una oportunidad mejorar sus condiciones de vida. El 74,01% de las desapariciones ocurrieron entre el 2018 y 2020, lo que coincide con la incursión de la guerrilla colombiana en territorios mineros.
Los datos corresponden a Indelebles, una investigación hecha por un colectivo de periodistas independientes junto a Codehciu entre julio 2019 y agosto de 2020 con el soporte de Global Initiative.
Desde la creación del AMO, académicos alertan que el país abandonó los modelos de progreso y modernidad y optó por un modelo económico extractivista que impone violencia, pobreza y miseria bajo un discurso oficial de falso progreso.
En ese contexto, expertos consideran que es necesario pensar en Guayana como una región que puede ofrecer una alternativa económica sustentable que impulse un cambio político y desplace el modelo económico extractivista.
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