No importan las cifras que arroje la farsa electoral del pasado seis de diciembre, lo que queda grabado en la memoria del pueblo venezolano y de las naciones aliadas es que hubo una soledad enorme y por ello inocultable en los centros de votación. Lo que queda para registro de la posteridad de esta jornada es que la dirigencia del régimen se desato en gritos, ruego y amenazas para que el ciudadano hiciera comparsa su sainete comicial.
Puede el régimen colocar las cifras que quiera, distribuir los diputados a su antojo, lo real, lo que estuvo a la vista de todos es que el pueblo venezolano le dijo no al fraude. Lo amenazaron con colectivos armados, les ofrecieron bonos, sardinas, pollos, mortadela, abusaron una y otra vez del hambre que el comunismo generó para que los votantes asistieran a las mesas electorales y todo fue en vano, pues se quedaron solos en su pantano de mentiras y desesperación.
Quedó demostrado que el pueblo rechaza la usurpación de manera absoluta y clara. Y este rechazo del pueblo venezolano al régimen tiene fundamento en la violación de la Constitución y demás leyes del país. Debemos comenzar por recordar que Venezuela institucionalmente está sustentada por entidades que no tienen legitimidad de origen: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido configurado violando la normativa legal para la designación de sus Magistrados; el Ejecutivo Nacional está dirigido por un Presidente no electo legalmente, pues las elecciones de mayo de 2018son írritas al ser convocadas y realizadas irregularmente; el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue nombrado violando la legislación por el ilegítimo TSJ.
El reducto de la legitimidad en Venezuela reside en la actual Asamblea Nacional, lo cual el oficialismo también quiere tocar con sus designios destructores a través de unas elecciones que fueron convocadas por un órgano ilícitamente conformado en un proceso plagado de irregularidades: el TSJ a través de sus ilegales sentencias despojó a los partidos políticos de oposición de su estructura y dirección; se persigue y encarcela a diputados sin preocuparse el régimen, de guardar las apariencias, al violar la inmunidad parlamentaria; de manera manifiesta se somete al pueblo a amenazas por un lado y dádivas indebidas por el otro a fin de obligarle a dar el voto al régimen usurpador ¿Qué valor pude tener unas elecciones realizadas con estos evidentes vicios y además convocadas, reguladas y realizadas por un órgano sin legitimidad como lo es el CNE?
Para todos los países democráticos que continúan apoyando a Juan Guaidó como Presidente Interino y no reconocen los resultados de la farsa parlamentaria, la legítima Asamblea Nacional es la electa en el año 2015 y por lo tanto es con ella que tendrán relación respecto a sus relaciones con Venezuela. Esto deja aún más aislado a los usurpadores, quienes para responder a los crecientes reclamos y brotes de violencia ciudadana tendrán que aplicar una represión que aumentará las tensiones internas dentro de nuestra sociedad.
Pero no obstante este aislamiento, esta soledad de pueblo y reconocimiento internacional, el régimen continuará sus planes de instalar un Estado Comunal para acabar de raíz con nuestra Democracia, lo cual constituye el delito de traición a la patria según el artículo 132 del Código Penal que sanciona con pena de 8 a 16 años de prisión a todos los que conspiren para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación. Eso debemos impedirlo participando de forma mayoritaria en la consulta y organizándonos como sociedad civil para hacer frente a estas arremetidas comunistas. Dios con nosotros.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
