Por lo menos 233 ataques e incidentes de seguridad han sido registrados y documentados en Venezuela, por el Centro para los Defensores de la Justicia (CDJ) entre el 1ro de enero y el 31 de octubre de 2020, lo que evidencia el afianzamiento de una política de Estado de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos, basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la lógica del enemigo interno.
Se recuerda que 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos” para reconocer el papel decisivo que desempeñan estas personas y las violaciones de las que son objeto.
“Por eso hoy exigimos a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de promover, proteger y respetar el derecho a defender derechos humanos”.
Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) seguimos trabajando por la protección efectiva de quienes defienden y la constitución de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.
Una ciudadano defensor de derechos humanos puede ser cualquier persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover y proteger dichos derechos. La Declaración destaca que todos tenemos una función que desempeñar como defensores, es un movimiento mundial en el que todos estamos inmersos en virtud de la protección de la dignidad.
Los Estados y sus instituciones deben promover, proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto y ejercicio de su labor. Así cómo también impedir la impunidad frente a la criminalización.
En Venezuela en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de la COVID-19 y ante un entorno cada vez más restrictivo, las personas defensoras en continúan trabajando y velando por el respeto, garantía y protección de los derechos humanos y sus acciones se hacen cada día más necesarias para la recuperación de las libertades y la vigencia de la totalidad de los derechos.
Resaltan su capacidad de resiliencia ante las adversidades del contexto y a pesar de los riesgos y constantes agresiones, ataques y obstaculizaciones de las que son objeto por ejercer su labor.
Aseguran que ante las adversidades y riesgos que presenta defender derechos en el país, el movimiento de derechos humanos se ha fortalecido y reafirmando su compromiso por el respeto de la dignidad de los venezolanos.
Defender derechos es también es un derecho humano y todos podemos ejercerlo, el Estado debe abstenerse de criminalizar su ejercicio.
Ratifican que desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) seguirán trabajando por la protección efectiva de quienes defienden y la constitución de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.
