El Informe presentado este miércoles 2 de diciembre de 2020, por la Secretaría General de la OEA que presentó lo relativo a la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, valorando como la falta de una respuesta expedita por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al caso del examen preliminar sobre nuestro país se ha traducido en la perpetuación de un clima de impunidad, fue respaldado por Humberto Prado, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Victimas.,
Explica que es por eso que el informe fuese intitulado “Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha revisado con detalle los hallazgos a los que ha arribado la Secretaría General de la OEA en conjunto con el Sr. Jared Genser, Asesor Especial de la OEA en materia de responsabilidad de proteger, y estima que, al igual que los resultados presentados previamente por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son otra cosa que abrumadores e impactantes. Nadie debería permanecer inerte frente a ese contexto, mucho menos en espacios donde existen herramientas para subsanar lo crisis vigente en Venezuela.
Por tanto, la Comisión Presidencial considera que este nuevo informe debe inspirar en los organismos internacionales de protección, incluida la Corte Penal Internacional, la convicción de que la situación de Venezuela amerita atención prioritaria, pues, los crímenes continúan materializándose diariamente.
Cada día que pasa sin justicia, es un día en el que nuevas vidas se pierden, ya que se tratan de crímenes continuados. Esas vidas pudieran salvarse si se actúa a tiempo. En consecuencia, la Comisión Presidencial puntualiza que las razones de hecho y de derecho presentadas por la Secretaría General de la OEA constituyen un llamado de atención a la CPI ante la lentitud de los procedimientos.
Lo anterior fue evidenciado en el informe a la luz de diversos argumentos, entre las cuales destaca el hecho de no darse prioridad a Venezuela aun cuando fácticamente estaría justificada una mayor prontitud en el asunto. Así, de los casos bajo examen preliminar en la CPI, Venezuela es uno de los pocos que continúan acaeciendo en el contexto de denuncia original de los crímenes, por lo que se discrepa notablemente de los casos de Colombia, Guinea, Irak/el Reino Unido, Bolivia, y las Filipinas, sobre los cuales se han efectuado diligencias que respecto a Venezuela no.
Además, el caso de Venezuela sería el primero en ser remitido por un conglomerado de Estados respecto de crímenes acaecidos en el territorio de otro Estado parte, lo cual si bien no es un requisito formal que motive mayor celeridad, debería ser valorado fácticamente como un asunto prioritario de la comunidad internacional, como en efecto lo es. Sobre el particular, es de destacar que la única remisión de un órgano de mayor jerarquía fue la del caso de Myanmar, que fue enviada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la cual tardó unos diez (10) meses.
El Informe de la Secretaria General de la OEA también manifestó preocupación al observar que en otras situaciones la Fiscalía de la CPI ha emitido pronunciamientos preventivos durante exámenes preliminares en curso, siendo que en el caso de Venezuela semejante situación no ha ocurrido.
Así, en los casos de Guinea y Malí, la Fiscal emitió pronunciamiento en donde incluso llegó a advertir a los actores políticos internos que sus acciones pudieran ser susceptibles de juzgamiento ante la CPI o Tribunales penales nacionales. De acuerdo con la Secretaría General de la OEA, en numerosas ocasiones la FAES y otros Grupos de Exterminio han desplegado en Venezuela acciones asimilables a las de Guinea y Malí, incluso más graves en tanto hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales, no obstante, nunca hubo despliegue concreto de acciones preventivas.
Un último aspecto a considerar en este apartado es el hecho de que no es razonable argüir que en el caso del examen preliminar de Venezuela no hay información fidedigna. Ciertamente, el caso de nuestro país ha sido debidamente documentado por conspicuas ONG nacionales e internacionales, pero también por organismos internacionales de protección.
Así, este nuevo Informe recuerda la emisión de: (i) el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, 29 de mayo de 2018; (ii) Informe Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 22 de junio de 2018 a cargo de Zeid Raad Al Hussein; (iii) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela, 2 de julio de 2020; (iv) Informe de la de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 16 de septiembre de 2020; entre otros.
Todos estos documentos cristalizan metodológicamente información fidedigna, e incluso adelantan parte del análisis de la tercera fase del examen preliminar, por lo que, la Secretaría General de la OEA estima que es tanto “Inexplicable como sorprendente” que hasta este punto no haya avances.
En cuanto a la actualización de estadísticas de crímenes graves, el Informe puntualiza que:
En relación al crimen de asesinato el Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos presentó datos de cuatro fuentes sobre muertos que pueden atribuirse a las fuerzas del Estado entre 2014 y 2019. Las cifras van desde 8.292 a 24.431 muertos, mientras que la ONG Monitor de Víctimas identificó 344 casos nuevos de supuestas ejecuciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en Caracas entre agosto y diciembre de 2019;
En relación con el crimen de tortura, destacaron los casos de Fernando Albán y Luis Hernando Lugo Calderón, refriéndose además a que el 30 de septiembre de 2019, la periodista venezolana Alexandra Belandia colocó en Twitter un video que muestra a fuerzas policiales mientras torturan a personas detenidas en el Centro de Coordinación Policial de Anaco. En términos generales apuntaron que el 21 de marzo de 2019, nueve de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que señalaban que “la represión en curso contra [los manifestantes] ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas;
En relación con crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, puntualizaron que La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, según Foro Penal, de enero a mayo de 2019, “fueron detenidas por motivos políticos” 2.091 personas, la mayoría en el contexto de las manifestaciones, mientras que Amnistía Internacional determinó que, entre el 21 y el 31 de enero de 2019, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 988 personas, entre ellas a 137 niños y niña. Destacaron que, de acuerdo con la Misión de Determinación de hechos, esas detenciones arbitrarias “no constituyeron actos aislados o aleatorios”, si no que “se llevaron a cabo de manera sistemática”, como demuestra la “reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles”.
Con relación al Crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos, la Secretaría General de la OEA argumentó que “el sombrío panorama humanitario en Venezuela ha seguido deteriorándose. Enfrentada a una infraestructura de salud pública debilitada, a la caída de los precios del petróleo, a una inflación galopante y a una escasez generalizada de alimentos y agua, Venezuela se encontraba en una situación desesperada incluso antes de la pandemia de COVID-19.580 La pandemia ha exacerbado todos los problemas existentes en Venezuela y ha creado otros nuevos. Por ejemplo, el Ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció en julio de 2020 que los venezolanos que han salido del país y están regresando serán acusados bajo la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo, supuestamente por traer al país el COVID-19”.
En síntesis, la Comisión Presidencial observa que el Informe ha efectuado un resumen bastante ilustrativo de cómo se han comportado los órganos de protección y la sociedad civil en cuanto a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, que tal y como lo expresó el Comisionado Prado el día 1 de diciembre de 2020, se encuentra en “terapia intensiva”, siendo destacable que varios de los puntos diagnosticados por esta Comisión Presidencial coinciden con los desarrollados en el Informe de la Secretaría General de la OEA.
En atención a todo lo anterior, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino reitera la importancia de que los órganos de protección internacionales articulen esfuerzos que alienten la pronta obtención de justicia por parte de las víctimas, ya que son ellas las que deben ser visibilizadas y reparadas.
La Comisión Presidencial estima que, del mismo modo que en su oportunidad consideramos que el ACNUDH y la FFM no son órganos excluyentes sino complementarios en el Sistema de Naciones Unidas, lo mismo aplica para este caso, esto es, tampoco la OEA y a CPI son excluyentes, por lo que este tipo de llamados de atención no deben traducirse en señalamientos de responsabilidad, sino en fuentes de cooperación conjunta que inspiren la actuación inmediata, señala Prado.
