Un conjunto de 8 organizaciones no gubernamentales presentaron de forma virtual este jueves 3 de diciembre el “Informe de seguimiento y monitoreo del proceso conducente a las elecciones parlamentarias 2020”, el cual fue elaborado en un trabajo colaborativo que dio como resultado un documento que detalla las insidencias e irregularidades del proceso preelectoral desarrollado por el Consejo Nacional Electoral afecto al régimen venezolano, a propósito de las elecciones parlamentarias que se celebrarán este 6 de diciembre en Venezuela.
Las organizaciones Red Electoral Ciudadana (REC), Diálogo Social, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Movimiento Ciudadano Dale Letra, Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, Red OSC Sinergia AC, Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto Joven, fueron las encargadas de nutrir este informe que describe el proceso desde la designación de las autoridades en junio de este año, en un contexto de crisis multidimensional y pandemia por la COVID-19.
Entre los puntos abordados en el referido documento, destaca el otorgamiento de facultades legislativas al CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia, (también parcializado con el régimen) lo que le permitió contravenir la Constitución venezolana y, por ejemplo, llevar de 167 a 277 el número de curules en el parlamento, trabajando con una base poblacional estimada en 32.778.056, cifra que, conforme al artículo 11 de la LOPRE, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional,sin embargo ese paso se ignoró.
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Indica también que además de los escaños correspondientes al voto nominal y a los cargos de la lista, el CNE creó una lista de adjudicación nacional para elegir a 48 diputados adicionales. “ Esta lista no se relaciona con ninguna de las dos modalidades de voto prevista en la ley, y de acuerdo con la normativa especial del CNE, esa lista de adjudicación nacional no se vincula al voto directo del elector sino que funciona como una especie de elección de segundo grado sin que el escaño represente a un estado en particular”, reza parte del informe.
También se detiene en la representación indígena explicando que, de acuerdo al Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional, dado a conocer el 30 de junio por el CNE20, la elección de la representación indígena, a realizarse tres días después de las elecciones parlamentarias 2020, “se convierte, de facto, en una elección de segundo grado, puesto que la misma se delega a un voto asambleario”.
“Las elecciones bajo esta modalidad no son directas porque los electores votan por voceros que serán luego los que votarán por los ciudadanos postulados a diputados; no son secretas porque en el nuevo texto se establece expresamente que los voceros podrán ser electos en asambleas públicas, a mano alzada, y se corre además el riesgo de que no sean libres ya que, al ser públicas, los electores podrán ser objeto de presiones”, detalla el informe.
Tarjetas y directiva desconocida
En torno al sistema de partidos políticos que se debaten en esta contienda electoral que ha tenido como figura principal al TSJ, el documento indica que dicho órgano se transformó en un actor fundamental en la tarea de desmembrar a las organizaciones políticas; y sentencia que el resultado de estas acciones no sólo terminó afectando a los partidos políticos sino también a la ciudadanía, “la cual, a la hora de evaluar la oferta en el tarjetón electoral, se encontrará con tarjetas cuya directiva no conocen”.
Corto plazo para registro electoral
En torno al registro electoral, sostiene que el CNE no solo acortó el lapso estipulado para la inscripción o actualización del registro, sino que además redujo sustancialmente la cantidad de centros o puntos donde se podía efectuar esa operación. “El CNE no habilitó centros de inscripción y actualización en el 58,1 por ciento de las parroquias y en el 4,5 por ciento de los municipios, lo cual habría impedido inscribirse a un 25 por ciento, aproximadamente, de los ciudadanos en edad de hacerlo”, expresa.
Son muchos más los ítems que desglosa este informe, el cual puede descargar aquí; sin embargo también se hace referencia a la delicada situación de pandemia en la que se llevan a cabo estas elecciones y se responsabiliza al Estado, (más allá de la responsabilidad que tiene todo individuo por su salud), por la salud pública, debido a la realización de un proceso electoral sin que exista una vacuna contra una enfermedad altamente contagiosa.
Además, según expone el Observatorio Venezolano Electoral, estos comicios están organizados por un ente que no cumple con la rigurosidad de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
