Este miércoles el gobierno interino de Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos firmaron un acuerdo para cooperar de todas la formas en contra al régimen de Nicolas Maduro.
A través de un comunicado ambos gobiernos buscan a través de una nueva alianza enfrentar el crimen transnacional en el que opera presuntamente el régimen chavista. Un total de nueve puntos integran este comunicado en el que rechazan el narcotráfico y la corrupción campante de funcionarios chavistas.
A continuación, el texto íntegro:
Nosotros, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, reconocemos la degradación del estado de derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro para detener el narcotráfico y desarraigar los elementos criminales que explotan a todos esquina de Venezuela. Evaluamos que Nicolás Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes.
Con este fin, nuestros dos gobiernos siguen comprometidos con detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos.
El 24 de noviembre de 2020, nos reunimos con países de ideas afines para una reunión de trabajo sobre cómo abordar el crimen transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas facilitadas por la falta de estado de derecho en Venezuela. Tras esta reunión, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Provisional de la República Bolivariana de Venezuela expresaron su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
1. Subrayando nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU , incluida la Convención de 1961, enmendada, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;
2. Mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y tendencias e investigaciones sobre lavado de dinero;
3. Proseguir la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa;
4. Continuar con las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras;
5. Suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas basadas en pruebas científicas centradas en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, incluidas las Normas internacionales sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de drogas;
6. Reafirmando las obligaciones anticorrupción asumidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
7. Promover los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados;
8. Prometiendo cooperar contra todas las formas de crimen organizado transnacional y reafirmando nuestros compromisos asumidos bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos relevantes; en particular, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y
9. Reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y tomar las acciones antes mencionadas contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.
