Tres días después de que el Gobierno de Trinidad y Tobago ordenó la deportación de 16 niños y 8 adultos venezolanos, los cuales viajaron a Venezuela en dos peñeros y regresaron a la isla trinitaria en condiciones muy precarias, Jorge Arreza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, dijo este miércoles 25 de noviembre que fue convocada una «necesaria reunión» con el gobierno de dicho país.
A través de su cuenta de Twitter Arreza indicó que la reunión sería para «revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico».
Cabe mencionar que desde el día en que se projudo la deportación de estos venezolanos (22 de noviembre), entre los que había un bebe de 4 meses, organicaziones defensoras de refugiados y migrantes en el mundo, (entre ellas la ONU), así como defensores de Derechos Humanos y actores políticos de Venezuela han venido denunciando esta situación.
Este miércoles 25 de noviembre, a través de redes sociales, se difundió un video de los venezolanos que fueron deportados desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela, quienes, después de 48 horas en alta mar con poco alimento y combustible, regresaron a Trinidad y Tobago y se encuentran actualmente en la estación de Policía de Erin.
Muchos de los 16 menores de edad que están junto a los adultos en una celda pequeña, padecen diversas enfermedades y están en condiciones de insalubridad y hacinamiento.
Este miércoles 25 de noviembre la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Liz Throssell, se pronunció respecto a esta situación y pidió al Gobierno de Trinidad y Tobago que salvaguarden los derechos humanos de los niños refugiados y migrantes independientemente de su condición, incluso garantizando el acceso al debido proceso y las garantías procesales, de conformidad con el principio de no devolución.
Parte del comunicado reza lo siguiente: Todos los refugiados y migrantes, independientemente de su situación, tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos humanos. Con respecto a los niños refugiados y migrantes, los Estados tienen un deber especial de cuidado: el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan.
Los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres. La condición previa para cualquier regreso que involucre a un niño es que se haya tomado una decisión independiente e imparcial, involucrando a los funcionarios de protección del niño, y que el regreso sea una solución sostenible que garantice los derechos, el bienestar y el interés superior del niño. Los Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño deben salvaguardar los derechos de todos los niños en su territorio, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
