Se registraron en el mes de octubre de 2020, 46 nuevos ataques e incidentes de seguridad en Venezuela, lo que evidencia la agudización de la Política sistemática de criminalización a la defensa y exigencia de derechos que pretende calificar a los defensores como enemigos internos del Estado que deben ser neutralizados, denunció el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
En el informe se destaca la continuidad de los ataques, especialmente la estigmatización asociada a la criminalización de la cooperación con mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos y los intentos de deslegitimar la labor de la documentación y denuncia realizada por las organizaciones. Demostrando un claro incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a defender derechos.
Sobre la base de dicha situación, resaltan las restricciones y continuidad de los obstáculos para las organizaciones, con ocasión del estado de alarma vigente desde el 13 de marzo de 2020, destacando que en lugar de generarse medidas para garantizar la protección efectiva de la población se ha acentuado el autoritarismo y las medidas de control social.
Defender y exigir DDHH labor de riesgo en Venezuela
Advierten que como se ha venido denunciando anteriormente, defender y exigir derechos humanos en Venezuela se ha constituido como una labor de riesgo. La existencia de leyes restrictivas y aplicación de medidas fácticas facilitan la criminalización basada en la lógica del enemigo interno.
En este marco se siguen imponiendo medidas que restringen, obstaculizan y afectan el desarrollo de las actividades de quienes defienden derechos humanos.
La reducción del espacio cívico y democrático, sumado a las medidas de control social y la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de la COVID-19, generan un entorno adverso y hostil en el cual quienes defienden derechos humanos deben realizar sus actividades expuestos a graves riesgos que pueden comprometer la operatividad de las organizaciones y su vida e integridad.
Adicionalmente, la inexistencia de una política pública y mecanismos que promuevan la defensa de derechos humanos como derecho reconocido por el derecho internacional, coadyuva a la falta de condiciones para defender derechos en el país sin temor a represalias y en entornos propicios y seguros. Asimismo, contribuye a la impunidad frente a los abusos cometidos contra los defensores y evidencia la falta de condiciones para ejercer una labor legítima.
A pesar de las adversidades y los riesgos, las personas y organizaciones siguen elevando denuncias y haciendo exigencias para la implementación de correctivos y medidas que garanticen el derecho de los venezolanos a vivir con dignidad y que contribuyan a la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
La respuesta del Estado sigue siendo la criminalización a la defensa e derechos humanos, restringiendo y obstaculizando arbitrariamente las acciones emprendidas para procurar el respeto de los derechos humanos en el país. Se ha pretendido amedrentar y silenciar al movimiento de derechos humanos a través de mecanismos legales y actos de violencia, destacando entre las principales formas de ataque la estigmatización, los actos de intimidación y hostigamiento, ataques digitales, allanamientos ilegales, amenazas, malos tratos y tortura, detenciones arbitrarias y apertura de procesos de judicialización.
Ataques a defensores de DDHH
Los nuevos ataques e incidentes de seguridad documentados en octubre evidencian la consolidación de la política de criminalización y hostigamiento en contra de quienes exigen y defienden derechos.
Del total de los ataques documentados en octubre, 31 estuvieron dirigidos hacia las organizaciones derechos humanos. Destacando organizaciones como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Transparencia Venezuela, Foro Penal y en general las organizaciones que han cooperado con mecanismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la elaboración de un informe sobre graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Mientras que 15 de los hechos fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos. Del total documentado en este período destacamos que 9 de los hechos estuvieron dirigidos contra mujeres defensoras, revela el informe del CDJ.
