La discusión en los pináculos de las ciencias jurídicas casi siempre tiene que ver con las visiones encontradas entre iusnaturalistas y iuspositivistas. El positivismo pareciera ser hijo de la Teleología y el naturalismo un logro cultural inspirado en el espíritu religioso el cual tiene a la tolerancia como instrumento para hacer justicia.
Vale esta introducción de neófito audaz para contar un episodio sucedido por allá en 1975 con motivo de un Decreto, el 14, dictado por la gobernadora de ese entonces Dori Parra de Orellana, Doña Dori como en justicia debemos recordarla.
En esos tiempos los accidentes de tránsito se habían convertido en causa frecuente de muertos y heridos. Casi nadie respetaba las normas de transito y las calles y avenidas de Barquisimeto y otras ciudades de Lara eran territorio de anarquía automovilística. Dori Parra de Orellana fue designada gobernadora de Lara por el Presidente Carlos Andrés Pérez y una de sus primeras medidas fue dictar un Decreto que penaba con cárcel por 48 horas a todo conductor que infringiera estas normas de tránsito terrestre.
Frente a este decreto del Ejecutivo de Lara un juez de instrucción de gran prestigio da unas declaraciones al Diario de Tribunales que inmediatamente se convierte en noticia nacional. Jorge Rosell, figura en ascenso dentro del foro jurídico larense alega que la Gobernación no puede tomarse atribuciones legislativas y mucho menos andar metiendo gente presa por cuenta propia.
Esta polémica causo un gran revuelo de opinión y el Secretario General de Gobierno, Manuel Carucí habla con Jorge Rosell y le dice que la gobernadora quiere hablar con él y que está dispuesta a visitarlo en su despacho, ante lo cual el juez Rosell le responde que de ninguna manera Doña Dori tiene que tomarse esa molestia, que él con mucho gusto se reúne con ella en el Despacho de la Gobernación, el cual queda apenas a dos cuadras de su oficina.
Acudió a esta cita Jorge Rosell acompañado del Fiscal Hernández Raga, quien sostenía también que el Decreto 14 era inconstitucional. Allí hablaron y la Gobernadora les escucho con atención y respeto pero les indico que esta medida se había obligado por la necesidad de contener los abusos de muchos conductores. Terminó la reunión y cada quien mantuvo su posición, una fundamentada en la hermenéutica kelseniana y la otra basada en la tesis weberiana según el cual la política tiene su propia moral, conectada con la oportunidad y el sentido práctico.
Transcurridos unos días luego de esa reunión Jorge Rosell observa que en los levantamientos de muertos y heridos causados por accidentes viales hay una gran disminución. Solicita estadísticas regionales y nacionales y confirma que Doña Dori tenía razón, el Decreto 14 estaba funcionando en beneficio de la colectividad. De inmediato, con la colaboración de su amigo Manuel Torres Godoy convoca una rueda de prensa para hablar del tema y en presencia de la prensa regional y nacional afirma; El Decreto 14 es ilegal pero salva vidas, yo lo apoyo.
Estas declaraciones estuvieron a punto de costarle su carrera judicial pero defendió su apoyo alegando que el primer Derecho a proteger por la sociedad es el de la vida y haciendo alarde de erudición le dio cobijo y protección al Decreto 14 según una solida argumentación ius naturalista.
Importante destacar en este recuerdo el respeto que antes había entre los diferentes Poderes de la Republica. Doña Dori llama a representantes del Poder Judicial para explicar su decreto y estos mantienen su posición, sin miedo de ningún tipo. Luego un juez en uso de su autonomía reconoce con hidalguía y humildad que el decreto que antes cuestionaba era útil y necesario. Teníamos una Democracia, imperfecta, pero al fin y al cabo una Democracia donde el respeto a las instituciones y el honor personal en el ejercicio de los cargos era una constante. Algo que con el favor de Dios nos toca rescatar.
Jorge Euclides Ramírez
