En la población venezolana existe un rechazo superior al noventa por ciento respecto al régimen de Nicolás Maduro y sus políticas comunistas. Un rechazo que se manifiesta todos los días pero que no tiene organicidad ni objetivos de largo plazo, simplemente son reacciones puntuales y desesperadas ante el drama genocida por la falta de alimentos,medicinas,agua,luz,gas,gasolina,electricidad,transportey un sin fin de limitaciones que gradualmente exterminan vida y esperanza de un país entero.
Producto de este mismo proceso escatológico las instancias de intermediación ciudadana con el Estado han sufrido un daño estructural ya que los incentivos de lucha gregaria se confundieron en el conjunto de reclamos básicos para la subsistencia, relacionados todos con el acceso a bienes y servicios básicos.
De esta forma actualmente la vinculación ciudadana gira en torno a necesidades cotidianas y urgentes, como la alimentación, la salud y la movilización, dejando al margen el marco axiológico que antes nucleaba las diferentes instancias organizativas que agrupaban a las personas según su ámbito de actividades.
El reto político es, entonces, como darle organicidad y dirección a estas nuevas formas de agrupación que surgen como respuesta popular espontanea, orientada a la supervivencia. Nuevos esquemas grupales, transitorios y desordenados pero de fuerte presencia cotidiana sobre los cuales es obligatorio incidir para rescatar de sus motivaciones el discurso y la acción colectiva indispensable para una gran movilización social que produzca la salida del régimen y la sustitución del comunismo por la Democracia.
El primer paso que debemos dar para la conformación de estas nuevas estructuras grupales, centradas en la solidaridad ciudadana para la subsistencia es revisar el conjunto de leyes que permiten y protegen estos tipos de asociaciones sociales, para que, apoyados en una plataforma legal, el funcionamiento de estas instancias de lucha por los derechos esenciales tenga protección y reconocimiento internacional.
Colocados frente a este escenario debemos examinar las bases legales con las cuales cuenta la población venezolana para esos propósitos. En primer lugar, la Constitución nos indica en su artículo 62, que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos y que esa participación puede ir dirigida a la formación, ejecución y control de la gestión pública en la búsqueda de garantizar su completo desarrollo, para lo cual el Estado y la sociedad deben generar las condiciones más favorables para su práctica. Lo anterior se concretaría a través de la manifestación pública cuando esa gestión no satisface las mínimas exigencias ciudadanas, a través de la acción que autoriza el artículo 68 constitucional, en el cual expresamente se consagra el derecho a manifestar pacíficamente, sin que se deba llenar otro requisito sino el que se haga sin armas.
En principio pues la Constitución autoriza a la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos y a manifestar cuando estos no llenan sus expectativas sin otro requisito. Es un derecho que reside implícitamente en toda persona por su condición de ciudadano. Así mismo por esa misma condición de ciudadano, puede recurrir a las diferentes instancias administrativas y judiciales para dejar constancia de las fallas que tales servicios presenten. Claro que es conveniente que tales agrupaciones de ciudadanos se constituyan en un ente formal tal como una sociedad o asociación de carácter civil sin fines de lucro para una actuación más efectiva y principalmente para ser oídas sus quejas en los ámbitos internacionales.
El Estatuto que rige la Transición a la Democracia, aprobada por la Asamblea Nacional prevé dentro de sus objetivos, atender la emergencia humanitaria que devasta la existencia vital de la ciudadanía venezolana, a través de cuatro áreas fundamentales como son el acceso a los alimentos, programas de emergencia de la salud, atención especial a sectores vulnerables como niños de la calle y mujeres embarazadas y la promoción de empleo para proteger el ingreso familiar. Orden legal cuya realización puede ser objetivos de estas agrupaciones ciudadanas sin olvidar otros rublos fundamentales para la vida en comunidad como son los servicios de agua potable, de electricidad, de gas doméstico y de combustible áreas de servicio público por las cuales se generan en el país cientos de manifestaciones cotidianamente.
Ya con el panorama legal esclarecido queda como reto colectivo del Frente Amplio o cualquier plataforma unitaria, el diseñar una estrategia que inspirada y sustentada en la dogmatica constitucional le abra nuevos caminos a la lucha democrática y con la premura que amerita el solucionar esta crisis devastadora que la extermina, tengamos un gobierno de transición que aclare el camino para la restauración plena del sistema democrático. Dios con nosotros.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
