Latinoamérica es una región en potencia. En un sentido aristotélico, esto se refiere a la capacidad de ser algo muy distinto a lo que actualmente se es. Si aún no se logra emprender una senda de crecimiento, libertad y prosperidad, es porque existen grandes dificultades para solucionar viejos problemas: irrespeto por la propiedad privada, gobiernos centralizados, justicia corrompida, mercados intervenidos y una relación tóxica con la izquierda y sus formas de gobierno. Cada país tiene sus propias particularidades; sin embargo, un común denominador es el crecimiento del Estado a lo largo del tiempo a la vez que aumenta su ausencia en la solución de problemas que en teoría debería atender, como es el caso —por ejemplo — del mantenimiento, adecuación a nuevas necesidades y preservación de los parques, del mobiliario urbano, de las arterias viales y demás bienes y servicios donde no se genera rivalidad ni exclusión tras su consumo [bienes públicos].
El abandono de estos espacios es general y no es exclusivo de un solo país. A simple vista, pareciera que tales asuntos solo merecen atención cuando se aproximan procesos electorales. Es aquí cuando más veracidad adquiere aquella máxima que dice que los gobiernos se dedican a solucionar sus propios problemas y no aquellos que afectan a los ciudadanos. Todo lo anterior ocurre mientras aumenta la voracidad fiscal, soportada además por quienes menos recursos ostentan, pues la estructura tributaria de los países latinoamericanos se caracteriza por tener mayor peso en impuestos altamente regresivos sobre bienes y servicios [IVA, impuestos de aduana, etc.]. Pareciera que la razón de ser o el sentido de existencia del Estado se ha desvirtuado o ha perdido el foco; al mismo tiempo que ocurren los problemas ya mencionados, el Estado se centra en intervenir áreas como la economía, donde poco o nada puede hacer para generar cambios positivos, menos aun cuando aumenta la presión tributaria que, ante una pésima gestión y deterioro institucional, desencadena consecuencias como la informalidad.
¿Cómo llegamos a este punto? ¿Podemos hablar del Estado moderno en su forma degenerada? Frédéric Bastiat define la Ley como la organización colectiva del derecho natural de legítima defensa de nuestra personalidad, propiedad y libertad. Todas estas importantes y vinculadas entre sí, ya que nuestras facultades son producto de la personalidad y la propiedad es producto de nuestras facultades. La legislación está para evitar transgresiones y, en caso de que ocurran, poder hacer justicia. Partir de esta definición es fundamental porque es aquí donde se encuentra el sentido de existencia del Estado en su concepción clásica. Estamos hablando de un Estado para todos, donde somos iguales ante la Ley; sin embargo, la demolición de este conjunto de instituciones lo único que ha logrado es que la legislación sea un cúmulo de mandatos legales, carentes de legitimidad, que buscan el beneficio descarado del gobierno y sus representados, que no somos todos, sin duda.
El Estado no sirve a sus propósitos iniciales; es una plataforma de control de un grupo sobre otro y es por ello que hoy más que nunca está vigente la definición de Weber, quien define al Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que se ha hecho con el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio; esta atrocidad fue romantizada con el nombre de Justicia Social. En efecto, hemos sido testigos de un verdadero saqueo en nombre de la política. Los gobiernos mercantilistas saquean en beneficio de unos pocos mal llamados empresarios, hambrientos de subvenciones y proteccionismo, mientras que los gobiernos socialistas, aun cuando dicen distribuir la riqueza entre el pueblo, lo único que hacen es saquear para unos pocos y, de vez en cuando, repartir algo entre la gente, previamente empobrecida por ellos mismos y necesitada de cualquier dádiva.
Con todo lo dicho es pertinente preguntarse si algún día se logrará revertir la degeneración del Estado, si es posible el establecimiento de su concepción clásica o si es inevitable el expolio por parte de los factores de poder. A fin de cuentas, no parece tan descabellado el planteamiento de aquellos que proponen la destrucción del aparato que sustenta y aventaja a sus detractores; muchos expoliados han propuesto la destrucción del Estado y por ello han sido acusados de herejes; no obstante, sería conveniente comenzar a ver el asunto con un poco más de sensatez, si es que se aprecia el respeto por la vida, la libertad y la propiedad, claro.
Oscar José Torrealba
