En países como el nuestro la ciudadanía, por sus riesgos, puede llegar a deporte extremo. Algo así como esos trapecistas que hacen sus saltos y piruetas a gran altura. Claro, ellos pueden caer pero saben que abajo hay una red que los protege. En sociedad, la red que protege la caída son las instituciones y aquí está rota, gastada y al final, eliminada.
La inquietud por los derechos humanos en Venezuela tiene historia. Sea por promoverlos, defenderlos e incluso por las violaciones que de tanto en tanto han sufrido, hasta los escandalosos niveles relatados con estremecedora crudeza por el informe de la misión de Naciones Unidas. Ya en el Congreso de 1811, el de la Independencia y la primera Constitución, José Angel Alamo, diputado por Barquisimeto, propuso el proyecto de Ley de Abolición de la Tortura y la Declaración de los Derechos del Ciudadano, “para que el magistrado no pierda jamás de vista la norma de su conducta y el legislador no confunda en ningún caso el objeto de su misión.” Asignaturas pendientes.
El problema no es la Constitución. Nunca lo ha sido y menos ahora, que tenemos en su Título III de los Derechos Humanos, Garantías y Deberes un texto extenso, prolijo, incomparable con sus equivalentes en cualquier nación del globo terráqueo que además de las premisas de sus disposiciones generales (Arts. 19 al 32), incluye derechos civiles, políticos, sociales y de las familias, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Calculen, más de cien artículos relativos a los Derechos Humanos, cinco veces la Constitución de los Estados Unidos con las doce enmiendas de la Carta de Derechos e igual que toda, íntegra, la Constitución francesa, incluida la Declaración de Derechos.
Incluso, destaco, los artículos 22 sobre interpretación extensiva y progresiva de los Derechos Humanos, 23 sobre la jerarquía constitucional de los tratados y 31 del derecho que nos asiste a reclamar ante organismos internacionales.
Se establece también la distribución y división de poderes, a las cuales el único poder usa para menesteres de la más íntima higiene personal.
El problema no está en el Derecho sino en el irrespeto a los derechos. Por órganos que no cumplen sus funciones y funcionarios cuya responsabilidad es “cumplir y hacer cumplir” la Constitución y leyes de la República como, de paso, juraron.
Tarea de reconstrucción democrática será volver a tejer, con hilo fuerte, resistente, la red institucional, para que los venezolanos no sigamos indefensos. La red institucional pública con poderes separados y distribuidos. Una Asamblea que legisle y controle; una administración de justicia que juzgue de modo autónomo, idóneo e imparcial. Aquí, el aporte de la Sala Constitucional a lo contrario ha sido escandaloso. También, claro, hacen falta una contraloría que controle y una Fiscalía y una Defensoría del Pueblo que defiendan al ciudadano, que pare eso están.
Así mismo, una red institucional privada, ciudadana, con partidos políticos, ONG’s, gremios, sindicatos, iglesias que así como vigilan al poder, organicen y movilicen al pueblo.
Ese cambio no será instantáneo. Tomará tiempo, objetivos claros, paciencia, tenacidad.
PD: Hay que ver que a Michelle Bachelet cierto extremismo la recibió con dardos tan feroces como prejuiciados cuando venía a iniciar un trabajo que ha dado estos frutos tan importantes. Debo haberme distraído, pero no he oído o leído que alguno reconozca ahora que estaba equivocado.
Ramón Guillermo Aveledo
