No hay que hacer un mayor esfuerzo para explicarles a los electores venezolanos, cuando estamos a un mes de las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral, el sentido y alcance de la frase «elecciones a la medida», asegura la ONG Acceso a la Justicia.
En efecto, lamentablemente esta es la conclusión a la que se llega cuando se realiza un balance de todas las medidas tomadas y articuladas desde el régimen de Nicolás Maduro con el resto de las ramas del Poder Público, especialmente el Judicial. De hecho, los demás poderes del estado venezolano no han dudado en prestar su apoyo irrestricto para llevar a feliz término unas elecciones cuya confección ha sido ampliamente denunciada por actores internos y externos que ponen en duda que estamos en presencia de unas elecciones de acuerdo a los parámetros democráticos.
Esa confección a la medida de las elecciones a realizarse el 6 de diciembre de este año empieza desde el modo en que se han seleccionado a los integrantes del árbitro electoral, lo cual fue hecho por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia. Aunque este proceso había iniciado con buen pie, constituyéndose un Comité de Postulaciones a través de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo a parlamentarios de ambos bandos políticos, repentinamente se distorsionó con la intervención de la Sala Constitucional, que sin mayor explicación, designó ella misma a los rectores del CNE sin cumplir con los procedimientos establecidos y usurpando funciones de la AN. Producto de ello, nombró a dos de sus magistradas, una de ellas como presidenta del CNE, siendo conocida por ser la ponente de la sentencia que en diciembre de 2015 privó al electorado de Amazonas de contar con sus representantes ante el Parlamento.
La segunda de las medidas tomadas para configurar unas parlamentarias a la medida fue también del TSJ, esta vez no solo desde su Sala Constitucional, sino también desde la Electoral. Ambas intervinieron partidos de oposición e impusieron nuevas directivas (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento Republicano y Acción Ciudadana en Positivo).
No conforme con ello, el CNE cambió motu proprio la directiva del partido Nuvipa, y el máximo tribunal asumió la tarea de apagar el destello disidente que habían mostrado autoridades de partidos afines al chavismo como Patria Para Todos y Tupamaro; mientras que autorizó la participación en los comicios (habilitó) de partidos que habían estado en el congelador, producto de la vorágine de actos ilegales de 2016 a 2019 por los que quedaron inhabilitados una cantidad no poco significativa de partidos (75% del total de inscritos).
A la receta electoral, que ya cuenta con un cocinero (el CNE exprés) y con comensales (los partidos que intervendrán en la contienda de diciembre), hay que agregar un menú «a la carta», en el que cada plato ha sido cuidadosamente elaborado. Así, sin mayor justificación y mediante actos que no cuentan con base legal, el número de diputados de la nueva AN fue ampliado en un 66% para llegar a una cifra de 277, lo que por más que se saquen cuentas no cuadra con lo previsto por el artículo 186 de la Constitución.
Además, hay que destacar que ahora los votantes no elegirán a la mayoría de los diputados por nombre y apellido (diputado nominal), sino por listas cerradas, creando una lista nacional por la cual no se sufraga directamente, sino a través del voto de la lista regional. Y como si esto no fuera suficiente, a la población indígena se le cercenó su voto directo con un sistema de elección de segundo grado.
Lo más grave es que todos estos cambios se han realizado irrespetando la norma constitucional que prohíbe modificar las reglas del juego faltando menos de seis meses para el evento electoral. Son cambios que se han valido de una autorización judicial (una sentencia que habilitó al CNE para dictar normas de rango legal) que bajo ningún concepto pueden equipararse a una ley –mucho menos modificar la legislación vigente, que es lo que ha ocurrido– y todo esto bajo un manto de opacidad en materia del equipamiento tecnológico que será utilizado en las elecciones, lo cual en nada contribuye a generar confianza en el elector.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El Estado siempre debe crear las condiciones para que el pueblo ejerza su derecho al sufragio mediante elecciones libres, universales, directas y secretas. Cuando los electores no tienen confianza en el voto como instrumento para expresar su voluntad, no solo pierden los ciudadanos, sino que también lo hacen las instituciones, el Estado de derecho y la democracia, señala Acceso a la Justicia.
