La detención del periodista Roland Carreño y el allanamiento de la residencia de la señora Raiza Azparren de Soteldo, madre del abogado Juan Pablo Soteldo, que son los casos más preocupantes para los larenses, evidencia claramente que el terror es la peor arma que está utilizando el régimen contra la disidencia.
Al hacer tal consideración, el sociólogo Nelson Fréitez, defensor de los Derechos Humanos y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, dice que los cuerpos represivos siguen actuando, dentro de la mayor impunidad, porque el Ministerio Público no actúa ni mucho menos investiga los casos, como es su deber, para impedir la violación de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Se realizan estos procedimientos arbitrarios, a cualquier hora y en todo el territorio nacional, ya que es política del régimen imponer el terror.
Las detenciones, allanamientos de viviendas, desapariciones forzadas y demás hechos perpetrados por los funcionarios, que no se identifican y cuyos vehículos tampoco están identificados carecen de orden judicial y, por tanto, son acciones arbitrarias, que violan la Constitución y las leyes.
Los voceros del régimen han tratado de descalificar los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la comisión independiente.
Sin embargo, la documentación recogida sobre violación de los Derechos Humanos tiene sustento acerca de denuncias concretas y entre los responsables aparecen nombres de funcionarios, que se anexaran al expediente que se está abultando en la Corte Penal Internacional.
Además, aunque Venezuela, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no pudo impedir que se le diera a la comisión especial que investiga la violación de esos derechos por dos años consecutivos, lo que indica que el régimen no puede salirse con las suyas y debe responder por sus delitos.
