El informe sobre la situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela, aborda las principales preocupaciones con relación a las áreas conservadas y protegidas en las cuales las universidades venezolanas tienen injerencia directa.
El documento, presentado hoy, resume los aspectos básicos de la situación en la que se encuentran las especies vivas y el estado actual de las cátedras, institutos y programas de investigación ambientales universitarios desde la óptica de los derechos humanos.
Fue realizado por la organización Aula Abierta con la colaboración de las Universidades Simón Bolívar, Central de Venezuela, Los Andes, el Departamento e Instituto de Botánica Agrícola (UCV-Maracay), la Sociedad Venezolana de Ecología y la Fundación Caribe Sur.
En el informe se documentan 31 áreas de conservación in situ, cuya gestión y administración es garantizada por las universidades, de las cuales 6 tienen condiciones favorables, 3 se desconoce su situación actual, 7 han sido sometidas a continuos hurtos, 9 declararon sufrir de déficit presupuestario, 5 han sido vandalizadas, 3 tienen amenazas constantes de incendios y 8 han sufrido o tienen problemas latentes de invasiones u ocupaciones ilegales.
Asimismo, se documentaron 21 sitios de conservación ex situ o en donde se realiza investigación y actividades formativas dirigidas a la comprensión, manejo y conservación de la biodiversidad. Solo uno de estos presenta condiciones favorables para trabajar, 4 especifican la falta de presupuesto como principal problemática, 16 denuncian constantes hurtos, 5 han sido incendiados, 13 han sido vandalizados y 3 tienen problemas con invasiones u ocupaciones ilícitas.
Igualmente, se documentó que las especies “Mono Araña” y “el Jaguar”, las cuales se encuentran en peligro de extinción, se han visto gravemente afectadas por la caza y el ataque reiterado a la Estación Experimental Caparo de la ULA.
El informe señala en sus conclusiones que “los cuerpos de seguridad del Estado no han atendido oportunamente las denuncias realizadas por las autoridades universitarias relacionadas con actos de vandalismo, en detrimento de las áreas conservadas objeto de estudio”.
Entre los casos documentados está el Centro de Estudios Oceanológicos (CEO) de la USB, la estación biológica de Quinzandal donde se podían realizar estudios a profundidad con relación a la biología y ecología marina de las costas venezolanas.
“El CEO fungió como un lugar de encuentro para trabajar con todos los investigadores relacionados con el área de marina y pesquería de otras universidades e instituciones del país, donde se confluía para adquirir y generar conocimiento, tanto en el ámbito académico como en el personal. Fueron muchos los productos que se realizaron en este centro de investigación, los cuales están reflejados en artículos científicos y divulgativos, informes técnicos, tesis de grado y cursos de formación de diversa índole”.
Debido al recorte del presupuesto universitario aplicado a la USB, la estación biológica quedó sin resguardo y protección. “El 2 de noviembre del 2014 fue la última visita que se intentó realizar para darle vida académica nuevamente a estos espacios, terminando en un robo donde fueron víctimas estudiantes y profesores. Actualmente, el CEO cumple, al igual que la USB, 50 años, pero solo queda de ello un espacio completamente abandonado, como una muestra más de patrimonio nacional perdido no solo en infraestructura, sino en su capacidad de generar de conocimiento”.
