El informe Curva de la Violencia, publicado por la organización FundaRedes, señala que durante el tercer trimestre del año 2020 se duplicó la criminalidad en los 6 estados fronterizos de Venezuela.
El documento registró entre julio, agosto y septiembre un total de 362 homicidios, 148 enfrentamientos armados y 34 desapariciones-secuestros. Señalan incluso que funcionarios de los cuerpos de seguridad han estado involucrados, bien sea por participación activa o por omisión.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes, señaló durante la entrega del informe que también “llama la atención” el alarmante incremento de los casos de feminicidios e infanticidios; se contabilizaron 13 asesinatos de niños-adolescentes y 14 de mujeres.
En detalle, Tarazona señaló que Zulia ocupa el primer lugar en cifras en este período de análisis con 143 homicidios, 77 enfrentamientos armados, y 4 desaparecidos, producto de la disputa por el control de cultivos de droga y narcotráfico entre grupos armados irregulares.
En el caso del estado Bolívar, ocupó el segundo lugar durante el tercer trimestre del año 2020, y registró un aumento de 100 % en violencia, ya que se documentaron 113 homicidios, 43 enfrentamientos y 15 desapariciones o secuestros de personas, una zona del país donde los grupos armados irregulares se disputan el control del territorio por la explotación minera para obtener fuentes de financiamientos y sometimiento de la población.
Falcón también sufre un aumento preocupante en todas las unidades de análisis de la Curva de la Violencia, con 43 homicidios, 15 enfrentamientos armados y un caso de desaparición o secuestro.
Para el estado Táchira, que sufre las consecuencias de la migración forzada a través de la frontera, y de la expansión de la presencia de grupos armados irregulares, se registraron 36 homicidios, 10 enfrentamientos armados y 10 desapariciones o secuestros.
Apure tuvo 26 homicidios, 4 desaparecidos y 3 enfrentamientos armados, mientras que en Amazonas se registró un homicidio. Sin embargo estas cifras podrían ser más elevadas, debido a que existen dificultades para la documentación de la información, pues hay una grave censura a los medios de comunicación, con amenazas a periodistas y trabajadores de distintas plataformas informativas que les impiden dar a conocer lo que en estas regiones ocurre, y que a su vez impacta en la labor de los activistas y defensores de derechos humanos.
Destacó Javier Tarazona que la situación en Venezuela es alarmante, ya que todo apunta a que la violencia continuará creciendo de manera exponencial para el último período del 2020, y el panorama es aún más desalentador para 2021, debido a la precariedad de las condiciones de vida de los ciudadanos, y la falta de respuesta del Estado ante la emergencia humanitaria compleja del país.
Igualmente llamó la atención el director general de FundaRedes sobre la gran tenencia de armamento de forma ilegal para cometer delitos, y la creciente criminalidad en momentos en que se tiene movilidad restringida debido a la pandemia por COVID-19.
Por su parte José Gregorio Márquez, director general de la Fundación Psicoshalom, llamó la atención por la normalización de la violencia como forma de vida de los venezolanos, y alertó que la ilegalidad se ha convertido en una herramienta de sobrevivencia en medio de la emergencia humanitaria compleja en el país.
Enfatizó Márquez que los ciudadanos buscan alternativas para cubrir sus necesidades básicas totalmente insatisfechas en el país, y esto ha sido una causa fundamental del aumento de la criminalidad, mientras el Estado no ofrezca respuestas y la gente no tenga bienestar y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas básicas.
