Viví en un apartamento ubicado en un edificio construido en los años 80 que consta de 15 pisos con tres apartamentos en cada uno, excepto la planta baja. Afortunadamente mis vecinos no eran para nada molestos, salvo en ciertas ocasiones que decidían celebrar la vida, y vaya que tenían derecho a hacerlo. En todo caso, respetaban las normas de convivencia establecidas desde la junta de condominio, que fueron resultado de años de experiencias en materia de conflictos, no solo propios, sino de edificios cercanos cuyas anécdotas llegan de boca en boca, unas veces intactas y en otras bastante tergiversadas.
La junta no solo establecía las normas de convivencia, sino que velaba por el correcto funcionamiento de los ascensores, medidores de luz, bomba de agua, puertas, cámaras de seguridad, rejas de entrada y escaleras, luces de emergencia y por la limpieza de las áreas comunes. Estos bienes y servicios son considerados “públicos” porque su utilización beneficia a todos y es muy difícil determinar, por ejemplo, quién usa más la bomba de agua o quién abre más la puerta principal del edificio que cualquier otro vecino. Estos son bienes cuyo uso no genera rivalidad; mi disfrute de las áreas comunes no priva al resto de su uso simultáneo; además, no es posible excluir a los propietarios del beneficio que brindan estos bienes, indiferentemente hayan contribuido o no con los gastos de mantenimiento. Bajo este argumento la junta de condominio cobraba un impuesto a todos los copropietarios, se denomina tal porque indiferentemente se esté de acuerdo o no con una erogación de la juntase estará obligado a pagarla, porque así lo ha decidido la mayoría, sobre todo porque tales decisiones versan sobre estos bienes ‘públicos’ y, como ya se ha mencionado, su condición de no rivalidad y exclusión exige un pago igual para todos.
No obstante, esta forma de administración ha generado descontento en más de una oportunidad: una vez alguien preguntó por qué debía contribuir para la reparación de las luces de emergencia de los pisos 2 y 3 si el vivía en el piso 10. Luego de una perorata se le instó a pagar, pues de esta manera cuando en su piso fallara la luz de emergencia todos colaborarían de igual forma, reduciéndose el gasto medio por apartamento. No conforme con este razonamiento, el vecino discordante argumentó que en ese caso él tenía la responsabilidad de ahorrar para aliviar por sí mismo sus gastos futuros producto de las contingencias y así lograría evitar que alguien pague por lo que no ha disfrutado o consumido. En este sentido, propuso además descentralizar las responsabilidades por piso, llámese la limpieza del pasillo, arreglo de luces de emergencia, reparación del botoncito del ascensor en caso de que se averíe, cambio de bombillos que iluminan el pasillo, etc., y se dejara a la junta la administración de aquellos gastos que son propios del edificio, por ejemplo, la reparación de la bomba de agua y las áreas comunes de la planta baja. Su propuesta fue catalogada como carente de sentido social no sin antes, luego de otra perorata, dejar claro que los vecinos por sí mismos no tienen la capacidad de coordinación y disciplina para poder cumplir con las obligaciones pertinentes, ni pueden obligarse entre ellos mismos a pagar a tiempo; en cambio, la junta tenia el poder suficiente para ejercer presión en aquellos morosos y esto permitía tener las cuentas al día.
Los integrantes de este minúsculo gobierno eran reemplazados cada cierto tiempo, a períodos regulares; sin embargo, el reiterado ejercicio de unos cuantos en las labores de la junta les permitió autodenominarse especialistas en la materia y ostentaban cierta supremacía técnica por sobre el resto. Con este pretexto alegaron que sus complejos planes y mejoras requerirían un tiempo más prolongado de gestión gubernamental, y que la alta rotación de los integrantes de la junta atentaban contra proyectos más ambiciosos. Así, se extendió el periodo de gobierno a la vez que se permitió la reelección; la ausencia de otros interesados hizo que un grupo se consolidara cada vez más en el poder, modificando poco a poco las normas de convivencia para su beneficio, y sobre todo, se añadió a la junta mayor poder discrecional en temas administrativos. Con todo esto era de esperarse que la junta de notables expertos en condominio requirieran cada vez menos de la opinión de sus vecinos, ¿para qué hacerlo?, ellos sabían mejor que nadie lo que era más beneficioso para el edificio.
Para poder financiar los nuevos planes se requería de mayores ingresos; empero, no todos los copropietarios podían asumir una mayor carga tributaria. En este sentido, bajo la bandera de la solidaridad y corresponsabilidad social se estableció un sistema impositivo en función de los ingresos declarados por apartamento. Así las cosas, quienes ganaban más debían pagar aún más a la junta de condominio; al fin y al cabo, los ricos se terminaban beneficiando de los pagos que a duras penas hacían los pobres para el mantenimiento de las áreas comunes y esta injusticia no podía seguir siendo permitida. Además, se les prohibió a los jóvenes usar los ascensores porque, de acuerdo con el criterio de la junta, tenían condiciones suficientemente óptimas para subir por las escaleras de emergencia y no se justificaba que estos estuviesen depreciando o desgastando innecesariamente un bien tan preciado para todos. Esto por supuesto no los exoneró de las obligaciones de pago por concepto de reparación y mantenimiento; el uso exclusivo de los ascensores quedó en manos de las personas de la tercera edad, enfermos y miembros de la junta y sus familiares. A todo esto lo llamaron Justicia Social.
Estas decisiones hicieron que algunos vecinos empezaran a colocar en venta sus apartamentos, en muchos casos no lograron hacerse con un comprador porque la fama de tales políticas se extendió por doquier. El precio de los inmuebles comenzó a bajar a tal punto que era imposible vender para comprar otro mejor en un lugar diferente. Por así decirlo, nuestro edificio se comenzó a empobrecer, los planes ambiciosos nunca se concretaron, a falta de propietarios no había a quien cobrarle impuestos, y los que quedábamos no podíamos con todas las obligaciones. Los ascensores dejaron de funcionar, la suciedad estaba en todas partes, había signos de vandalismo en las áreas comunes, poco a poco comenzó a ser un edificio completamente abandonado. Los apartamentos deshabitados fueron ocupados por la indigencia. Ya era insostenible vivir ahí.
Los miembros de la junta de condominio se fueron y compraron apartamento en una mejor zona de la ciudad. Por mi parte, la venta de mi inmueble solo me alcanzó para pagar la inicial y el depósito de alquiler de una habitación cerca de ahí.
Oscar Torrealba
