Cae sol luego de un día caluroso en El Callao, al sur del estado Bolívar. No hay ningún letrero en la parte de afuera del local, pero se escuchan muchas voces adentro. El vidrio de la puerta principal está roto y con un impacto de bala en el medio.
Hay poca iluminación. En una sala hay un grupo de sujetos sentados en sillas de plástico. En el patio tres habitaciones y un grupo de mujeres conversando y lavando a mano. Hay ropa en el piso y agua en tobos, mientras van conversando de distintos temas. Aprovechan el tiempo porque saben que al caer la noche deben trabajar.
Aunque físicamente son distintas, y sus edades varían entre 20 hasta 36 años, algo las une: tienen meses ganándose la vida de esa forma. Trabajan en un prostíbulo ubicado en el municipio El Callao. La mayoría de ellas son madres solteras y están a kilómetros de distancia de sus casas. Vienen de distintas partes del país, desde Nueva Esparta hasta Anzoátegui.
“Hace días me dijiste que tú hija no te reconoció cuando fuiste a tu casa, hace unas noches me levanté pensando en eso y que tal vez me pase eso con mi hija. Me da temor que mi hija no me reconozca o que mi familia sepa que estoy en El Callao trabajando de prostituta”, comenta una de ellas a otra de sus compañeras, mientras lavan sus pantalones.
Explican que por pasar la noche con un cliente ganan 1,5 gramos de oro, de los cuales solo reciben 1 gramo, y el resto está destinado para el dueño del sitio donde trabajan; este pago tenía un costo de más de 10 millones de bolívares cuando se realizó este trabajo, que equivalen actualmente a unos 21 dólares.
Aires de cambios
“Quisiéramos tener trabajos normales, en condiciones normales, no tener que mentirles a nuestras familias y mucho menos estar lejos de ellas; Maduro es culpable de esta situación. La crisis del país nos ha hecho emigrar dentro de nuestro propio país para poder seguir alimentando a nuestras familias”, comentó otra de las mujeres que labora en el lugar. Por medidas de seguridad sus nombres fueron omitidos.
Todas están llenas de anhelos y deseos de salir del sitio que desde hace varios meses se ha vuelto su hogar.
La explotación sexual es un delito que vulnera los derechos humanos y que existe en todos los países. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha velado por la protección y garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y ha visto con preocupación el aumento de esta y otras vulneraciones hacia ellas que existen en las zonas mineras.
“Es una profesión riesgosa y muchas estamos aquí por la necesidad, nos estábamos muriendo de hambre y nos tocó salir de nuestras casas y ciudades para tratar de seguir llevando el pan a nuestras familias. En mi caso tengo más de 4 meses que no voy a mi casa, pero semanalmente le envío dinero a mi mamá porque ella es la que me tiene a mis hijos; eso es lo más doloroso, no poder verlos todos los días, abrazarlos, darles un beso”, sumó otra de las jóvenes que trabaja en el lugar.
Confiesan que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela sus ingresos han disminuido debido a que “vienen menos clientes, por un ratico cobramos 5 puntos, por la noche 1 grama, pero a veces pasamos la noche sin atender a ningún cliente, se nos pone duro el trabajo a nosotras también y es aún más preocupante cuando uno es el sustento de su hogar”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) define la explotación sexual como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona (por ejemplo, alguien que depende de alimentos u otros servicios para sobrevivir), para obtener favores sexuales, incluyendo, pero no solamente, ofrecer dinero u otras ventajas sociales, económicas o políticas; además, el tráfico y la prostitución.
Las mujeres merecen protección
Por otro lado, aunque las vulnerabilidades crecen conforme se agudiza la emergencia humanitaria en Venezuela, ellas aseguran que laboran de forma legal: “Un día a la semana vamos hasta la sede de la Policía del Estado Bolívar (PEB) donde sellamos nuestros cartones de control. En el hospital nos dan preservativos y pastillas anticonceptivas”.
Norkis Salazar, coordinadora del área de género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explica que: “La prostitución en Venezuela no es un delito, no hay una ley que la tipifique como tal, y resulta por demás importante recordar que las mujeres que se dedican al trabajo sexual son humilladas, perseguidas, y muchas veces matraqueadas por las autoridades por el oficio que realizan”.
La coordinadora además agrega: “Los ambulatorios y hospitales muchas veces no cuentan con antivirales, condones o algún tipo de anticonceptivos que le suministren a las mujeres para que puedan prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como es inexistente la posibilidad de que puedan realizarse los exámenes o chequeos médicos preventivos de ITS, que son el más común (si no el mayor) riesgo que corren las trabajadoras sexuales, considerando además que tampoco cuentan con poder adquisitivo que les permita comprar todos los insumos para prevenir estas infecciones”.
Salazar destacó que para quienes sí hay sanción es para aquellos hombres o mujeres que se benefician con recursos económicos a expensas de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que se conoce como proxenetismo. Además, en el contexto venezolano de crisis humanitaria, misma que ha exacerbado las vulnerabilidades, carencias, precariedad y falta de opciones, es más propio referirse a mujeres que ofrecen un servicio sexual con fines onerosos.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establece en su artículo 4, “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.
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