A José Gregorio Flores Hernández (56) lo ingresaron en el CDI de San Vicente, en Barquisimeto. Sus familiares recibieron escasa información sobre su estado de salud hasta que llegó la terrible noticia de su muerte. Tampoco vieron su cuerpo ni siquiera antes de cremarlo. Piden humanizar el acto de morir en pandemia
Perder a un ser querido es, quizás, una de las experiencias más dolorosas de la vida. Pero si a ese evento inevitable se le suma la frialdad de los protocolos por la pandemia de la COVID- 19, el dolor se duplica y deja una huella más profunda.
Es el caso de la familia de José Gregorio Flores Hernández, quienes lo llevaron al Centro Diagnóstico Integral de San Vicente en Barquisimeto el pasado 26 de septiembre, al presentar los síntomas de la COVID- 19.
María Alejandra Rivero, su esposa y madre de una de sus hijos, contó a ElImpulso.com el calvario que vivieron. De acuerdo con su testimonio, José Gregorio, con una severa deficiencia respiratoria, recorrió varios centros de salud pero no lo aceptaron.
Tras 36 horas de suplicio consiguieron una cama en el CDI de San Vicente. Una vez ingresó, no obtuvieron mayor información sobre su condición de salud.
Incluso, su esposa aseveró que la directora del centro asistencial mostró cierta hostilidad ante la insistencia de sus familiares. «Nosotros sabemos que estamos en pandemia, pero, ¿cómo no van a entender que queremos saber de nuestros familiares? Siempre tuvimos que soportar la actitud déspota de esa doctora. El portón del CDI permanecía cerrado y teníamos que rogarle al miliciano para que alguien nos dijera algo de José Gregorio».
El tratamiento de Flores Hernández ameritaba inyecciones del medicamento Remdesivir cuyo costo en el mercado supera los 200 dólares. «Hicimos grandes esfuerzos para conseguir esa medicina y que no le faltara nada. Pero cuando llevamos el medicamento nos dijeron que no podían aceptarlo porque tenían que recibirlo del Ministerio de Sanidad. Nunca supimos si verdaderamente se lo administraron».
José Gregorio, de 56 años, siempre fue un hombre sano, por lo cual, sus allegados jamás imaginaron que el coronavirus lo arrebataría de su lado.
Aferrados a la fe, sus hijos y demás familiares aguardaban noticias de su estado de salud. Pese a su insistencia, aseguran la información siempre fue escasa, poco empática.
Hasta aquel terrible 9 de octubre, cuando el miedo más grande se resumió en una frase. «Llamamos para informar que su esposo murió. Usted sabe que él estaba muy malito», le dijeron a María Alejandra por teléfono, quien no logró escuchar nada más pues se desbordó en llanto.
«Llegamos al CDI y pensamos que alguien nos permitiría verlo, así sea a la distancia pero no nos dejaron. También pedimos que le tomaran una foto o o incluso pasar con un traje de bioseguridad pero no quisieron. Solo vimos salir la furgoneta con destino al cementerio».
En el crematorio tampoco les permitieron el acceso pues cuando ingresó el vehículo que trasladaba el cuerpo cerraron inmediatamente el portón.
Así, a lo lejos, lloraron por la cruel despedida.
«Nosotras entendemos que murió por coronavirus. Pero, ¿acaso no teníamos derecho a verlo, al menos, guardando la distancia? ¿Cómo podemos saber que en verdad fue él quien murió si no nos permitieron reconocer su cuerpo? A veces imagino que un día llegará a la casa y nos dirá: ¡Estoy vivo!».
Aunque están conscientes de que su denuncia no lo va a revivir, esperan que este llamado sensibilice a quienes dirigen los centros de salud. «No se puede ser tan inhumano. No tienes opción… nada más que aceptar que se murió. Si la pandemia es dolorosa no hay necesidad de hacerlo todo más cruel».
Es importante destacar que José Gregorio fue el único fallecido ése 9 de octubre en el CDI de San Vicente, por lo cual sus familiares no entienden cómo es que nadie tuvo la humanidad de ofrecerles un trato más digno.
«El virus es impredecible»
El equipo periodístico de ElImpulso.com estableció contacto telefónico con la directora del CDI de San Vicente, doctora Ana Polanco, a fin de conocer su versión de los hechos y cuál es el protocolo sanitario para el tratamiento de los pacientes con COVID- 19.
La doctora señaló que no estaba autorizada para rendir declaraciones y que solo cumple con las órdenes de la Dirección de Epidemiología.
«El manejo de un paciente con COVID- 19 es complicado porque es un virus impredecible. Hay personas que están estables y de un momento a otro presentan trombolismo pulmonar. En este CDI estamos siguiendo las instrucciones de la Dirección de Epidemiología y son ellos quienes están autorizados para brindarle información».
ElImpulso.com intentó entrevistar a las autoridades de salud respecto a este tema pero no fue posible obtener una respuesta satisfactoria.
El llamado de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado con preocupación que estas actuaciones acentúan el dolor de las familias en medio de su tragedia.
Así lo expresaron en la resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en la cual rescataron el trato digno que merecen los fallecidos.
«Estas situaciones impactan en las condiciones necesarias para la preservación de la memoria y de homenaje a las personas fallecidas, cuyo trato digno es inherente a su condición humana y esencial en respeto a los vínculos y lazos existentes entre sus familiares y personas más cercanas».
«Las dificultades que tienen los familiares para enterrar a sus muertos es un hecho que impacta en su derecho a la integridad personal, ocasionando angustia y un mayor sufrimiento. Sepultar a los familiares fallecidos de acuerdo a sus creencias, aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo, contribuyendo a mitigar las secuelas del trauma, luto y dolor».
Familiares y defensores de los derechos humanos destacan la importancia de humanizar los protocolos, en aras de mitigar el dolor de quienes de un momento a otro pierden a las personas que aman.
