Su rechazo más categóricamente a la detención arbitraria de Yovanny Salazar, Coordinador de Voluntad Popular en el Estado Guárico y de su hijo Modesto Ruiz, sucedidas en el Municipio Chaguaramas, Estado Guárico expresó Humberto Prado, Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la República Bolivariana de Venezuela.
Recuerda que en fecha 17 de octubre de 2020, a las 9:00 a.m., funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), adscritos a la Guardia Nacional de Venezuela, detuvieron arbitrariamente al ciudadano Yovanny Salazar, exalcalde del Municipio Chaguaramas, Estado Guárico cuando se encontraba en la casa de uno de sus hijos.
Luego de ser aprehendido por ese órgano de seguridad, fue víctima de una desaparición forzada que se prolongó por al menos 10 horas. Al respecto, sus dos hijos fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a la sede del CONAS en Valle de la Pascua, Municipio Infante, Estado Guárico, donde permanecieron incomunicados mientras se les practicaba un interrogatorio sin presencia de sus abogados. Durante este tiempo fueron objeto de intimidaciones y amenazas por parte de los funcionarios. Horas más tarde, uno de sus hijos fue liberado, mientras que el otro, de nombre Modesto Ruiz, continuó privado de libertad.
Ahora bien, cabe destacar que la orden de aprehensión fue dictada por la jueza Kimberly Matos, hija del miembro de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y activista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Leopoldo Mato.
Asimismo, a las 7:40 p.m., Yovanny Salazar fue presentado al Tribunal Primero en Funciones de Control del Estado Guárico, a cargo de la jueza Deyanira Lozada. Al término de la audiencia, le imputaron los delitos de extorsión y asociación para delinquir, así como le ordenaron permanecer recluido durante 45 días mientras dure la investigación bajo la custodia del CONAS ubicada en la Urbanización Colinas de Tamanaco, Calle Carúpano, 01, Caracas.
Le impiden acceso de sus abogados
Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas tomó conocimiento que a los abogados defensores de Yovanny Salazar les fue negado el derecho de revisar el expediente de la causa, verificar el testimonio aportado por presuntos testigos que habrían señalado a Salazar de la comisión de ciertos delitos, así como comprobar que la orden de aprehensión en su contra y el procedimiento respectivo se haya ejecutado conforme a la ley. Estas acciones son expresiones de la violación al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales del señor Salazar.
Al respecto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela sostuvo en cuanto a las detenciones arbitrarias lo siguiente:
La Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período que se examina se utilizaron detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política. La Misión también tiene motivos razonables para concluir que esas detenciones arbitrarias no constituyeron actos aislados o aleatorios. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, como se ilustra a continuación y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática. Los disidentes seleccionados también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.
Elevan caso a instancias internacionales
Advierte esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, en su calidad de organismo dedicado a la defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, comunica a la sociedad venezolana que ha emprendido acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de denunciar la detención arbitraria de Yovanny Salazar. En particular, en dichas acciones se ha solicitado:
Adoptar todos los mecanismos disponibles para abogar por la libertad plena del ciudadano Yovanny Salazar y su hijo Modesto Ruíz; Emitir un comunicado público dirigido a sectores relevantes en materia de derechos humanos y sociedad civil en América Latina para que tengan en cuenta las violaciones a la libertad e integridad personal realizadas por funcionarios del régimen de facto en detrimento de los líderes políticos; y, Documentar el caso de Yovanny Salazar y enmarcarlo dentro de un patrón generalizado y sistemático de ataques, persecuciones, hostigamientos y acosos contra la disidencia política en Venezuela.
