A pesar que son «validos» los bonos 2020 de Pdvsa, su filial Citgo sigue protegida gracias a un dictamen de la OFAC hasta enero de 2021
La jueza del distrito de Nueva York Katherine Polk Failla dictaminó este viernes 16 de octubre que los bonos 2020 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son «válidos y exigibles» y considera que se ha producido un «incumplimiento» en el pago de los mismos, lo que representa un revés para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país.
De acuerdo al fallo judicial, los bonos están respaldados por la mitad de las acciones de Citgo, filial de Pdvsa con sede en EEUU cuyo control fue tomado por la administración de Guaidó después que EEUU reconociera en 2019 al parlamentario como mandatario interino. Los representantes legales venezolanos presentaron una demanda para declarar los bonos inválidos basándose en que los mismos no habían sido aprobados por el Poder Legislativo -bajo el control opositor-.
Al considerar que los mismos incurrían en ilegalidades, los representantes de Guaidó en el extranjero dejaron de pagar los bonos de 2020 el año pasado. Este fallo permitiría a los acreedores de Citgo poder tomar posesión de los activos de la compañía, aunque todavía existe la protección que brinda la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) que impide hacer alguna transacción con la filial de Pdvsa hasta el 19 de enero de 2021.
El economista Francisco Rodríguez explicó vía Twitter que el fallo no toca aspectos constitucionales de Venezuela porque la obligación se rigió por las leyes del estado de Nueva York y dijo que era «ilusorio» esperar una decisión contraria a esa, ya que «si las cortes estadounidenses abriesen la puerta al desconocimiento por gobiernos de obligaciones pasadas con argumentos de ley local, generarían una enorme inestabilidad en los mercados de deuda soberana».
Incluso, se obliga a la junta ad hoc de Pdvsa a pagar los costos legales de los acreedores, lo que a juicio de Rodríguez es un «claro reconocimiento del poco fundamento legal de la demanda en base a la ley de NY» y cree que esta decisión es una consecuencia de una conducta «hostil» emanada desde el gobierno interino de Guaidó a los mercados internacionales.
En ese sentido, resaltó que la confianza de los mercados serán esenciales para la recuperación de la economía cuando haya un cambio en la administración de Venezuela y sugiere que se debe promover una «relación constructiva» con ellos para ver la inversión internacional como un aliado en la reconstrucción del país.
Por su parte, el economista de MSc Finance, Gerónimo Mansutti, dice que las autoridades judiciales en Nueva York confirmaron que hubo un default y que los tenedores de bono tienen derecho a venderlos para poder cobrar, haciendo referencia a las acciones de Citgo.
«Siempre he dicho que esta demanda, introducida de mala fe, tenía poca probabilidad de éxito. Pero algunos académicos anti-Wall Street cercanos a Guaidó se impusieron, y luego inventaron unas historias absurdas sobre contratos de interés nacional y demás, cuando aplicaba la ley NY», escribió en sus redes sociales.
Según su opinión, Juan Guaidó no supo cómo manejar la situación que se presentó y que además se destruyó la relación con los posibles inversionistas que pudieran levantar al país.
Siempre he dicho que esta demanda, introducida de mala fe, tenía poca probabilidad de éxito. Pero algunos académicos anti-Wall Street cercanos a Guaidó se impusieron, y luego inventaron unas historias absurdas sobre contratos de interés nacional y demás, cuando aplicaba la ley NY
— Geronimo Mansutti (@GMansutti)
El estratega senior de EMFI Securities, Guillermo Guerrero, aclaró a TalCual que los tenedores de bono Pdvsa 2020 tienen derecho a ejercer el colateral, que serían las acciones de Citgo, y cobrar lo que se les debe pero por el momento no pueden debido a la licencia de la OFAC.
Indicó que la preservación de Citgo por parte de la administración interina de Juan Guaidó será cuesta arriba porque la decisión «no es aislada». Es decir, que no es el único caso donde los acreedores del Estado venezolano intentan tomar lo que se les debe y refirió que hace algunas semanas se dieron decisiones a favor de otros tenedores de bonos y en detrimento de Pdvsa.
En ese sentido, explicó que la decisión de si Venezuela pierde Citgo o no dependerá de las decisiones políticas que tome el Ejecutivo EEUU en torno al tema, lo que la decisión recaería por el momento en el presidente Donald Trump. Afirmó que Estados Unidos debe «balancear» dos objetivos importantes: Uno, el ayudar a Guaidó y el otro, preservar los mercados financieros internacionales.
Coincide con los demás economistas al decir que no fue prudente que Venezuela entrara a un proceso legal porque «estaba perdido desde el principio», diciendo que desde el primer momento las reglas que regían el contrato eran bajo las leyes de Nueva York.
Enfatizó que las declaraciones que hiciera la Asamblea Nacional en 2016, donde se dijo que se cuestionaba la legalidad de los bonos 2020, la Corte de Nueva York consideró que las mismas eran «ambiguas» porque nunca se concretó una postura contra ese instrumento. Además, alertó que el fallo «pone en duda la actitud de la buena disposición del gobierno venezolano respecto a sus acreedores».
Según su opinión, la mejor opción que tiene Guaidó actualmente es la negociación directa con los acreedores, aprovechando la carta de la protección de los activos de Venezuela que la OFAC tiene. Sin embargo, recordó que EEUU prefiere que exista una negociación antes de tomar una decisión en torno a ello.
En octubre de 2019, la junta administradora ad hoc de Pdvsa, presentó una demanda e un tribunal norteamericano contra los tenedores de Bonos 2020.
En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la junta administradora, manifestaron que con dicha demanda los Bonos 2020 sean declarados “inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio”.
La demanda presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, se realizó contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas, LLC “exclusivamente en sus respectivas capacidades como fideicomisario y agente colateral de los Bonos Senior Garantizados 8.50% de PDVSA con vencimiento 2020”, expresa el documento.
El entonces director de la junta ad hoc de Pdvsa, Alejandro Grisanti, manifestó el 30 de abril de 2020 su rechazo a la estrategia legal emprendida por el procurador especial en el exterior José Ignacio Hernández, al demandar a los tenedores de bono Pdvsa 2020.
Grisanti indicó que desde PJ “les ha parecido un error” la estrategia que la Procuraduría Especial ha seguido con los bonos denominados Pdvsa 2020 y consideraba que la figura de Hernández “no contribuye al proceso” liderado por Juan Guaidó. “La constante descalificación, pública y privada, a la cual recurre Hernández contra todo el que piense distinto a él”.
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