Si recordamos, el mes de Diciembre del año 2018, Venezuela vivía una tristeza honda y mortal, el pueblo estaba sumido en la desesperanza total y el régimen preparaba planes de continuidad sin ningún tipo de oposición. Esto cambio radicalmente con la aparición de Juan Guaidó, quien como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Interino de la Republica, sacó las esperanzas del fondo del alma venezolana y la puso a recorrer las calles.
Antes de Guaidó el régimen usurpador era reconocido por todos los países, actualmente 59 republicas democráticas reconocen es a Juan Guaidó. Más aun, Maduro está sometido a juicio internacional por violación de Derechos Humanos y el Gobierno norteamericano ha puesto precio por su captura, lo mismo que a varios de los personajes más importantes de la nomenclatura oficial.
Por supuesto que no todo ha sido perfecto, que los planes iniciales han sufrido importantes modificaciones debido básicamente a que el sector militar no acata la Constitución, la cual le ordena que cierre filas en torno a la Presidencia Interina, pero con todo y esas modificaciones que han alargado la ruta, lo importante es que el país está vivo, en pie, resistiendo mediante decenas de protestas diarias, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, los atropellos y vejámenes de la dictadura.
Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, durante este proceso de reactivar la oposición, han cumplido un papel estelar durante estos dos años, creando un escenario de apoyo internacional como nunca antes lo habíamos tenido. Han logrado congelar recursos económicos a los cuales un grupo de enchufados quería meterle mano. Ha promovido investigaciones internacionales que han develado ante el mundo el carácter criminal del régimen ,como por ejemplo el Informe Bachelet, Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, en fin, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional tienen arrinconado y aislado internacionalmente a Maduro y su equipo.
A nivel interno apoyan y le han dado carácter legal a las protestas ciudadanas por la ausencia de servicios públicos, gasolina, gas, agua, electricidad comida y alimentos. En resumen, han creado un marco nacional e internacional de presión máxima contra el régimen usurpador. Y estas presiones deben continuar hasta lograr el éxito. Para ello es indispensable que el pueblo tome la palabra y les dé su apoyo en la consulta popular que se realizará en el mes de Diciembre, donde debemos ratificar nuestro respaldo a la comunidad internacional y condenar la farsa que representan las elecciones parlamentarias convocadas por la dictadura.
Esta Consulta es absolutamente legítima y se fundamenta en el artículo 70 de la Constitución en el cual se establece que son medios de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, además de otras formas, el referendo. Por otra parte, el artículo 71 constitucional, prevé que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. El proceso electoral del próximo diciembre debido a su evidente ilegalidad es de innegable trascendencia para la institucionalidad del país, razón por la cual debe ser sometido al referendo en cuestión, así como también la permanencia en el ejercicio de sus cargos de los actuales diputados ante la Asamblea Nacional, pues si acaso se produce dicho proceso comicial debido a su inconstitucionalidad, es como si no se hubiera realizado.
Se debe aprovechar la oportunidad para incluir entre las preguntas del referendo, si la Asamblea Nacional debe ejercer sus funciones disciplinarias sobre la actuación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues es evidente que a través de sus decisiones y sentencias han violado normas constitucionales y legales, así como preceptos del Código de Ética del Juez Venezolano. Efectivamente el artículo 265 de la Constitución otorga a la Asamblea Nacional tan importante y delicada función, por lo cual podrá iniciar una averiguación al respecto, e inclusive dictar una medida cautelar de suspensión en sus funciones de aquellos Magistrados que evidentemente han incurrido en las faltas mencionadas.
Ante la contundencia de estos argumentos jurídicos y la imperiosa necesidad de seguir transitando con determinación y coraje el camino hacia nuestra libertad, es obligación de todos los demócratas dar nuestra confianza a Juan Guaidó. Sabemos que muchos están desilusionados, podemos entender la frustración por los intentos fracasados, pero con todo y estos reproches, debemos sacar adelante nuestro espíritu de lucha y permanecer en posición de combate ante los opresores, la recompensa será el rescate de nuestra amada Democracia y cuando lo hayamos logrado, todo el sufrimiento habrá valido la pena.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
