La ONG Foro Penal indicó que el 52% de las detenciones en septiembre fueron ejecutadas por funcionarios de la Guardia Nacional en protestas pacíficas
La ONG Foro Penal presentó un informe este jueves 15 de octubre titulado «Reporte sobre la represión en Venezuela», que habla de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en las protestas pacíficas que se registraron en varios estados del país durante septiembre de 202o, en su mayoría por la fallas en los servicios públicos y la escasez de gasolina.
Según el informe, los funcionarios policiales y militares arrestaron solo en septiembre a unas 80 personas con fines políticos a pesar de los llamados de la Alta Comisionada de la ONU de DDHH, Michelle Bachelet, en el contexto de la actualización de su informe oral sobre los derechos humanos en Venezuela donde se pedía a la administración de Nicolás Maduro que continuara con la excarcelación de presos políticos.
De esos arrestos, 76 fueron practicados contra hombres y solo cuatro contra mujeres. Hay seis adolescentes que fueron puestos tras las rejas durante el mes de septiembre.
Alertó que desde marzo a septiembre, en Venezuela se reportaron arrestos de 315 personas por delitos de conciencia, recordando además que el acceso a los tribunales y centros de reclusión están restringidos para los abogados defensores «lo que imposibilita el derecho a la defensa y obstruye el debido proceso de estas personas privadas de libertad».
Especificó que desde enero a finales de septiembre se registraron 375 detenciones con fines políticos, donde 317 fueron hombres y 58 mujeres. Detalló que de ese número, hay 129 personas que tienen diversos estatus: 98 personas privadas formalmente de libertad,
9 personas privadas de libertad, sin judicializar, 11 personas a la espera de presentar fiadores para su excarcelación, y 11 personas a la espera de audiencia de presentación ante los tribunales.
Las cifras del Foro Penal indican que la mayor cantidad de arrestos durante septiembre fue en el estado Yaracuy, donde 35 personas fueron detenidas tras las protestas que allí se registraron en Urachiche y en Chivacoa. En segundo lugar está Nueva Esparta (28), Zulia (11), Carabobo (4), Aragua, Mérida, Bolívar y Distrito Capital con un arresto.
Al menos el 52% de las detenciones con fines políticos que fueron ejecutadas en septiembre, estuvieron a cargo de los funcionarios de la Guardia Nacional (GN), contabilizando un total de 42 detenciones. Otro porcentaje elevado de detenciones durante septiembre, fueron
las practicadas por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (30 detenciones, equivalentes al 37% del total de detenciones del mes).
Esos arrestos se produjeron tanto en las calles como producto de allanamientos sin documentación requerida en las casas de quienes participaron en las protestas.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, presentó el martes 13 de octubre el más reciente balance sobre el número de presos políticos en Venezuela, donde a la fecha se contabilizan 363 detenidos por motivaciones políticas. Eso representa un aumento de cuatro detenciones por estas razones en comparación al reporte del martes 6, cuando habían 359.
En el reporte colgado por Himiob en sus redes sociales, el Foro Penal contabiliza 341 hombres y 22 mujeres presos. Al observar la cifra global de detenidos, pero de acuerdo a su vinculación o no al sector castrense, se tiene que hay 236 civiles y 127 militares. Persiste el número de dos adolescentes arrestados.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el viernes 25 de septiembre una nueva actualización de su informe sobre los DDHH en Venezuela, al manifestar que desde marzo -durante la vigencia del estado de alarma en el país- ha estado vigilante a lo que sucede en el país.
«He seguido documentando casos de represión de protestas pacíficas (…) incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, la deficiencias de servicios públicos y escasez de gasolina. Registramos las muertes de dos personas en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidas por seguridad», alertó y dijo que el Ministerio Público ha abierto investigación al respecto.
Días antes, la Misión Internacional Independiente de la ONU, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, emitió un comunicado el 16 de septiembre para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
Tras ese informe, el Consejo de DDHH aprobó una resolución donde se extiende por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, con 22 votos a favor, tres en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas) y 22 abstenciones.
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