A través de un comunicado, Human Rights Watch junto con el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, denunciaron el trato abusivo y las condiciones a las que el régimen de Nicolás Maduro somete a 130.000 venezolanos que han vuelto de otros países.
El informe señala las condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde «se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica«.
la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page, acota en este documento que «enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar la COVID-19 en el país«.
Señalaron que algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos.
«A muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo», denuncia en el documento Kathleen Page, médico y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkin exigen al régimen de Nicolás Maduro cuidar de aquellos que están en centros de cuarentena y atender sus necesidades básicas, como el acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene y atención médica.
«Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y en algunas instancias su gravedad podría constituir trato degradante, el cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes», expresaron.
