Meudy Osío, viuda del exconcejal, comentó que desconocía la decisión de este tribunal. La muerte de Fernando Albán aparece reflejada como uno de los casos de investigación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que publicó el 16 de septiembre un duro informe donde se acusa a altos funcionarios de delitos de lesa humanidad
Este 8 de octubre se cumplieron dos años de la muerte del exconcejal de Libertador Fernando Albán, quien estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando, según la versión de sus abogados y familiares, fue lanzado del décimo piso al vacío.
Justamente en esta fecha, el Tribunal 29 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por una supuesta violación a un artículo de la Constitución, lo que dejaría en libertad a los dos funcionarios del Sebin acusados por su muerte, bajo el presunto delito de «quebrantamiento de obligaciones de custodia».
Según el juzgado, cuya decisión fue publicada en las redes del Tribunal Supremo de Justicia, se incurrió en la violación del artículo 49.1 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso y el derecho a que toda persona a defensa y asistencia jurídica, así como el derecho «a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso».
Además, el tribunal 29 alude a presuntas faltas en el cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación, y con lo cual se dejaría en libertad a los funcionarios del Sebin Miguel Do Santos Rodríguez y Keiberth Cibelli Moreno.
Meudy Osío, viuda del exconcejal, comentó que desconocía la decisión de este tribunal. Durante su participación en el foro “Informe de la ONU: claves para entender la violación de DDHH en Venezuela”, transmitido por TalCual, aseguró que mientras Nicolás Maduro esté al frente de las autoridades venezolanas, ella “no podrá tener acceso al cuerpo de su esposo”. Incluso, aseguró que esta es una petición que tiene bastante tiempo sobre la mesa, sin embargo, no han recibido respuesta.
A dos años después de la muerte de Albán, Osío dice estar más convencida que nunca que lo ocurrido “no fue un suicidio”.
Sin acusados
El abogado Ramón Aguilar, defensa del exconcejal Fernando Albán y sus familiares, señaló a TalCual que con esta decisión del Tribunal 29 otorga un beneficio, «una decisión en favor de los policías encausados porque se habla de violación al derecho a la defensa, favorece a los imputados»
Aguilar dijo que además llama además que mencionen al exconcejal en esta nota de prensa porque a «Fernando Albán siempre se le ha negado la condición de víctima bajo la tesis del supuesto suicidio, afirmó el abogado. Precisamente por considerar que no es víctima, a los familiares y abogados no se nos ha permitido acceso a esa investigación».
En ese proceso se está juzgando un delito menor y que no tiene víctima, es un delito contra la administración de justicia, explicó el abogado. «Ese es el delito que se imputa a las personas que ayudan o permiten que alguien se escape, de manera que en esa causa no se investiga la muerte de Fernando Albán, por eso me extraña que en esa nota del TSJ hablen de víctima».
Aguilar dijo que esto es una «burla y un pote de humo, una forma más de evadir las consecuencias morales, jurídicas y sociales que tiene el informe de la ONU. Pareciera que quieren hacer ver que van a juzgar a estas personas, y no es así. Es una decisión que favorece a los imputados porque anula la acusación porque supuestamente se les violó el debido proceso, el derecho a la defensa, posiblemente el acceso a las actas porque a eso se refieren las normas que allí se citan, pero no es una decisión que tenga que ver con revisar, reinvestigar estrictamente la muerte de Fernando Albán y tampoco implica juzgar a estos señores por los delitos cometidos, que son varios».
Además, mencionó que seguramente por el tipo de delito y la baja pena impuesta a estos funcionarios del Sebin «ya están en libertad. Deben tener alguna medida sustitutiva. Dudo que hayan estado detenidos en algún momento».
Ramón Aguilar también recordó que el expediente sobre la muerte del exconcejal está en Fiscalía, «y lo tienen ‘engavetado’. Por eso hemos denunciado al supuesto fiscal general Tarek William Saab como encubridor».
Justicia tardía para Albán
La muerte de Fernando Albán, quien militaba en el partido Primero Justicia, ha estado rodeada de misterio. A las pocas horas de reportarse su muerte en las instalaciones del Sebin, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, dijo que se trataba de un «suicidio» aunque posteriormente anunció que se iban a investigar las causas de su fallecimiento.
Tanto familiares como abogados desmintieron esta versión, asegurando que el exconcejal fue víctima de torturas y luego lanzado al vacío para ocultar estos hechos. La defensa de Albán además ha reiterado que existen dos certificados de defunción que se contradicen.
«El primer certificado de defunción señala que la muerte fue por un golpe en la parte posterior del cráneo y el segundo dice que fue por un golpe facial. Además firman dos diferentes médicos, uno de ellos es un médico comunitario y el otro no se sabe quién es, porque la cédula de identidad que aparece en el documento corresponde a otra persona», afirmó Ramón Aguilar, abogado defensor de Albán, hace casi dos años.
Desde entonces, el equipo defensor ha venido pidiendo la aplicación del protocolo de Minnesota y Estambul donde se establece la exhumación del cuerpo, realizada por expertos internacionales independientes avalados por la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
La muerte de Fernando Albán también aparece reflejada como uno de los casos de investigación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que publicó el 16 de septiembre un duro informe donde se acusa a altos funcionarios de delitos de lesa humanidad.
Familia denuncia impunidad
Horas después de que el TSJ diera a conocer la nulidad de la acusación, los familiares y la defensa del fallecido concejal se pronunciaron mediante un comunicado en el que expresaron su rechazo a esta decisión y recordaron que el procedimiento del Ministerio Público contra los funcionarios del Sebin ha sido «simulada».
La defensa insiste en que los funcionarios nunca fueron investigados ni procesados por los delitos reales que cometieron: desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, como denunciaron en 2018 y recalcó la investigación de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU.
«Para simular una “investigación”, el fiscal usurpador y encubridor Tarek William Saab, supuestamente ha enjuiciadoa dos funcionarios por un delito menor, en un proceso en el que no se ha permitido la participaciónde los familiares del Concejal y enel que, los imputados no han estado nunca detenidos», explican.
Para los familiares y la defensa de Albán, que esta información se produzca justo a dos años de su asesinato, pareciera ser un intento del TSJ de «recordar y restregar a la ciudadanía y al mundo entero, la impunidad campante que reina en Venezuela, una mofa en contra de quienes esperan justicia.
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