La hermana del capitán de navío Luis de la Sotta aseguró que los instrumentos de justicia internacionales de nada le sirven a las víctimas, pues pese a los señalamientos que hacen los entes competentes, se siguen violando los derechos humanos de muchos de los detenidos al someterlos a tratos crueles e inhumanos
Defensores de los derechos humanos de los venezolanos consideraron que se deberá crear una Comisión de Investigación si el régimen de Nicolás Maduro no cumple con las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Esto a fin de garantizar que caiga el mayor peso de la ley sobre los ejecutores de crímenes de lesa humanidad que, a la fecha, sólo han sido reportados ante instancias internacionales, mas no sancionados.
Durante el foro «Informe de la ONU: Clave para entender la violación de DDHH en Venezuela», Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseveró que los Gobiernos del mundo que, ante el Consejo de Derechos Humanos, votaron el pasado 6 de octubre a favor de la extensión del mandato de la Misión de Hechos en el país dejaron carta abierta para que, a través de dicha Comisión, se abra un espacio de investigación más fuerte que establezca «responsabilidades penales en toda la cadena de mando de los diferentes delitos cometidos», y se implemente otro mecanismo de presión internacional.
En ese sentido, Uzcátegui señaló también que parte de las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada fueron dirigidas a la Corte Penal Internacional, hecho que a su juicio hace que se reconsidere si se debe aplicar el principio de jurisdicción universal. De esa forma cree que se estaría iniciando un camino para que los responsables de los delitos cometidos por el Estado venezolano rindan cuentas ante el sistema judicial internacional, pues, como es bien sabido la institucionalidad del sistema de justicia nacional está corrompida.
El defensor de DDHH aseguró además que los procesos diplomáticos eran progresivos y que los entes extranjeros estaban tratando de agotar la buena fé que tenían respecto al gobierno venezolano, para luego activar otros mecanismos de mayor fuerza.
Al respecto, Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, dijo que, justamente por no estar frente a un gobierno democrático sino frente a un régimen que ha convertido a la Defensoría del pueblo y a la fiscalía en sus organismos protectores, la reparación de las víctimas debe darse en el seno de juicios internacionales.
Si bien con la resolución aprobada sobre la estancia de la Misión ONU en el país seguirá documentando posibles víctimas de violaciones de DDHH, el comisionado apuntó que para que la justicia avance de manera más rápida también son necesarias las actuaciones de la Corte Penal Internacional y la promoción de investigaciones de parte de los Estados que tienen aplicabilidad para el principio de jurisdicción universal en sus territorios.
Reparación de las víctimas depende del tiempo
Por su parte, Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, quien está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar tras acusarsele de conspiración contra Maduro, cuestionó los instrumento judiciales nacionales e internacionales de los que se ha hecho uso para que las violaciones de derechos humanos no ocurran en el país, pues estos no han podido proteger ni evitar muertes.
«¿Por qué esos instrumentos no han podido proteger ni pudieron evitar la muerte de Acosta Arévalo, la muerte del exconcejal Albán, y de muchos más que murieron en sus manos? ¿ Qué señales no vimos, que fue lo que no funcionó?», reprochó.
De igual manera, de la Sotta aseguró que, a pesar de que a su hermano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar, de nada le ha servido. Cree entonces que denunciar ante instancias internacionales no tiene los resultados con la premura que debería y pone en riesgo a los familiares denunciantes y a la víctima directa.
«La Dgcim tiene una medida cautelar, ahí ha habido intento de suicidio, y ¿de qué le sirve eso a la víctima? Hay un Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada, pero, ¿para qué?. Entiendo que la diplomacia sea lenta, pero tenemos una estructura que no sirve. La gente de provea ha hecho un gran trabajo porque denunciando… ¿Nos protegió la oficina de Bachelet? ¿Pudieron proteger a Acosta Arévalo que en frente, en la visita de la señora Bachelet lo asesinaron?», señaló la también politóloga.
De esa forma Molly de la Sotta concluyó que los mecanismos internacionales sólo funcionaban para documentar, pues incluso el régimen había expandido los centros de tortura, pese a todas las acusaciones que había en su contra.
Ante eso, Prado aseguró que sí iba a haber justicia, pero que tomaría tiempo, pues alegó que la defensoría y la fiscalía, que son organismos que están representados por personas de factas designadas por la Constituyente, y no por la Asamblea Nacional, «han tenido un papelón» defendiendo al régimen y no a las víctimas. Pidió también a la hermana del capitán que mantuviese la esperanza, y le dijo que su pariente ni siquiera estaría detenido si estuviera en un Estado democrático.
El comisionado acotó que era importante la Misión de la ONU y la Oficina de Bachelet porque ya no sólo estaban reconociendo los tratos crueles que se le estaban dando a los presos venezolanos, sino que también estaban señalando a culpables. » Les aseguro que si nosotros el dia de mañana tenemos control, las víctimas van a tener justicia, las víctimas van a tener lo que no tuvieron , el debido proceso, por lo que se debería caracterizar el gobierno», puntualizó.
Saber la verdad haría justicia
En el conversatorio organizado por TalCual, Meudy Osío, viuda del exconcejal Fernando Albán, también tomó la palabra. Dijo que después de la muerte de su esposo, lo único que lograría consolarla sería que se revelara la verdad. Indicó que en su caso es precisamente esa verdad lo que hace que mantenga la esperanza, pues a diferencia de Molly, ella ya no espera que su familiar pueda salir de prisión.
«Mientras hay vida hay esperanza, pero nosotros ya no la tenemos porque Fernando no tiene vida. Esa esperanza la traducimos en búsqueda de justicia, porque él se lo merece, que se sepa qué pasó, la verdad, esa es mi búsqueda», sentenció.
Este 7 de octubre, a tan sólo un día de cumplirse dos años del asesinato del exfuncionario, Osío señaló que, pese a la petición que hizo de trasladar el cadáver de su esposo hacia Estados Unidos, aún no le han dado respuesta, y sabe que mientras la administración de Nicolás Maduro siga en el país no podrá tener acceso al cuerpo.
Según el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, Fernando Albán se habría suicidado lanzándose del piso 8 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Sin embargo, familiares, compañeros de partidos y hasta su esposa e hijos no creen en esta teoría.
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