Solo el ingreso de dos block de rayas, dos bolígrafos, un cuatro un radio de pilas, una antena de bigote y artefactos para la manipulación de alimentos, autorizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para ser utilizado por el Mayor General Miguel Rodríguez Torres. Tras mantenerlo casi siete meses en total incomunicación y aislamiento, en una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.
La información dada a conocer, revela que ya es conocido el trabajo que en la actualidad realiza la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, en función de forzar a las autoridades venezolanas para que mejoren las condiciones de reclusión en Venezuela.
Pero los familiares del Mayor General continúan solicitando a la Oficina de DDHH de la ONU, mediar ante el Gobierno de Nicolás Maduro para lograr una Medida Humanitaria que posibilite su inmediata libertad (por su comprobada inocencia) y su urgente atención de salud. Luego del reciente evento de salud (del pasado jueves) en el que les negaran cualquier tipo de información sobre las causas del “urgente traslado” de Rodríguez Torres a las instalaciones del Hospital Militar, hoy sus familiares siguen denunciando la ilegal e inconstitucional situación de incomunicación en que las autoridades lo mantienen (aislado e incomunicado en la DGCIM Fuerte Tiuna), así como el hermetismo en el manejo de su estado de salud, la deficiente asistencia médica que recibe, las violaciones al debido proceso y, en general, las afectaciones a sus derechos humanos.
Su hermana, Danelly Rodríguez Torres, denuncia que hasta la fecha no conocen los detalles de sus afecciones y/o dolencias presentadas, ni los informes del reciente evento de salud. “No hemos podido verlo ni tenido contacto físico con él”, precisó.
