La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes 25 de septiembre una nueva actualización de su informe sobre los DDHH en Venezuela, al manifestar que desde marzo -durante la vigencia del estado de alarma en el país.
“He seguido documentando casos de represión de protestas pacíficas (…) incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, la deficiencias de servicios públicos y escasez de gasolina. Registramos las muertes de dos personas en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidas por seguridad”, alertó y dijo que el Ministerio Público ha abierto investigación al respecto.
También expresó su preocupación por los operativos de los cuerpos de seguridad del Estado que llevan a cabo en diversas zonas y denunció que tras analizar varias fuentes, se determinó que más de 2.000 personas han sido asesinados entre enero y agosto de 2020 en barrios marginados.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”, señala la actualización hecha por Bachelet.
Por otro lado, valoró positivamente las detenciones de cinco integrantes de las FAES en el estado Zulia, presuntamente responsables por la muerte de los dos periodistas afines al PSUV el 21 de agosto y dijo que las declaraciones del fiscal designado por impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, son similares a las registradas por la oficina que preside “en los que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”.
Indicó Bachelet reconocer los esfuerzos de las autoridades venezolanas hacia los migrantes retornados a nuestra nación, pero recalcó estar preocupada por el “discurso estigmatizador” de algunas autoridades de responsabilizar a estas personas -llamadas “trocheros”- de introducir la covid-19 en el país.
A pesar de reconocer la implementación de protocolos de bioseguridad “relativos” en las cárceles y demás centros de detención, pero reiteró su llamado a que mejoren las condiciones de reclusión para que tengan acceso a servicios básicos como agua, acceso a alimentos y medicamentos, así como el acceso a la salud.
También sugirió que mejoren los contactos de los privados de libertad con sus abogados y familiares, al igual que considera pertinente que se estudie la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la cárcel.
Alertó que el 33% de las muertes por covid-19 en Venezuela han sido del personal de salud porque no tienen equipos de bioseguridad y falta de agua en los centros de salud, así como señaló que la pandemia se sumó a otras emergencias que ya estaban desde antes de su llegada como por ejemplo la crisis alimentaria.
“Cáritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias recurren a otras estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda comer”, dijo Michelle Bachelet.
Manifestó su preocupación por las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que las mismas “obstruyen la libertad de selección” de representantes de al menos siete partidos políticos -el nombramiento de juntas ad hoc de AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento Tupamaro, PPT- y la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional.
De igual forma expresó su inquietud por «la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa».
Recalcó que es “crucial” que en los próximos meses se protejan los espacios cívicos y democráticos, así como pidió que se continúe con la liberación de presos políticos. Por ello, hizo un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
La respuesta de la administración de Maduro al nuevo informe Bachelet
Luego del mensaje de Michelle Bachelet, Jorge Valero, embajador en la ONU afín a la administración de Nicolás Maduro insistió en que la actualización del informe sobre el país “presenta evidentes fallas metodológicas” y tenga “información sesgada que alimenta la campaña sobre Venezuela”, por lo que subrayó que el mismo carece del balance necesario.
Manifestó que ese informe habría sido promovido por “un reducido grupo de países miembros de este Consejo que mantienen abultados expedientes de violaciones de DDHH”, por lo que hizo un llamado a que en vez de criticar lo que pasa en Venezuela, debería haber una preocupación por lo que ocurre en varios países de la región donde se cometen “día a día” estas violaciones como Colombia, Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Canadá.
Reiteró el “firme rechazo” desde el régimen a la imposición de resoluciones por parte de los demás países, más cuando no cuentan con el aval del Estado que es señalado. En ese sentido, calificó de “hostil” dichas declaraciones porque a su juicio, son diseñadas para “maximizar artificialmente los desafíos que cualquier país enfrenta en el ámbito de los DDHH, tergiversando la verdad de lo que sucede”.
Destacó que “toman nota” de las preocupaciones expresadas por Bachelet e indicó que se responderán a cada una en su debida oportunidad. Sin embargo, aseveró que se mantienen abiertos para seguir compartiendo información con la oficina de la Alta Comisionada porque la premisa es preservar el diálogo con la instancia mundial.
En ese sentido, recalcó que el equipo de la Oficina de la ONU para DDHH que está en Venezuela recibe apoyo por parte de todos los organismos del Estado y criticó una vez más las sanciones que han sido impuestas por EEUU porque “impactan en el disfrute de los DDHH de los venezolanos.
Lo que dicen los demás países
Alemania en nombre de la Unión Europa y otros estados, calificó de preocupantes las denuncias de torturas y violaciones a DDHH en Venezuela, donde también se refleja que se aplica la violencia contra los niños. Señaló además que “en Venezuela, la violación a DDHH, como las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, son una grave preocupación unido a la falta de espacio político y la falta de independencia del sistema judicial”.
Hizo un llamado al régimen de Maduro a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones internacionales, poner fin a la violación de DDHH y recuperar un Estado democrático con la realización de elecciones libres e independientes.
Por su parte, el representante de Perú -que habló en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay -que conforman el Grupo de Lima- dijo que tanto la actualización del informe sobre los DDHH en Venezuela y la presentación del informe por parte de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (“FFM” por sus siglas en inglés) reflejan el continuo deterioro de los DDHH en nuestro país y la ejecución de crímenes de lesa humanidad.
“El Estado de Derecho se ha venido desmontando sistemáticamente en Venezuela. El poder judicial y las instituciones están coctados con el con el objetivo de perpetuar en el poder al régimen a costa del sufrimiento del pueblo venezolano (…) La dignidad humana, inherente a las víctimas, hace imperativo solidarizarnos con ellas. El régimen de Nicolás Maduro continua manifestando su desprecio por los DDHH de los venezolanos y no implementa las recomendaciones hechas”, afirmó Perú.
El representante de República Checa aseguró que “las violaciones a los DDHH en Venezuela continúan y los perpetradores de esos crímenes deben ser llevados a la justicia. Asimismo, condenamos la persecución en contra de los defensores de DDHH, la prensa independiente y sindicatos”.
España expresó su preocupación por los dos recientes informes respecto a este tenor en Venezuela, en especial por las violaciones a DDHH que se registran en el documento y a su juicio, debe asegurarse el ingreso de la FFM al país para que corrobore lo dicho en el dossier. Además, abogan porque se realicen unas elecciones con estándares internacionales.
Uruguay considera que no ha habido una «voluntad sincera» por parte de la administración de Maduro para establecer un diálogo «real» ni acciones concretas para avanzar al regreso del Estado de Derecho en Venezuela. También condena las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles y demás acciones que son “practicadas como política de Estado” y anunció la renovación de la FFM para el país.
