El impuesto a los grandes patrimonios que se aplica a los denominados Contribuyentes Especiales, es inconstitucional porque fue establecido por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene facultades para implementar medidas tributarias, asegura el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, JuanCarlos Castillo.
Esta norma pretende gravar a los sujetos pasivos especiales, con una alícuota del 0,25%, recordando que el año pasado se presentó la primera declaración y la segunda se debe presentar antes del 30 de noviembre de este año.
“Este es un tributo que se pretende instrumentar en un momento de devastación económica como la que vive Venezuela, con empresas que subsisten y hacen importantes esfuerzos por mantenerse operativas, con una economía con 33 meses de hiperinflación, más de 25 decretos de emergencia económica y en medio de la pandemia, de manera que resulta un tributo que carece de ética, de justicia, tomando en cuenta el contexto en que vivimos”, señala el especialista.
Advierte que no se trata solo del Impuesto a los Grandes Patrimonios, también existen el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la gran cantidad de contribuciones o exacciones parafiscales que terminan impactando el mismo bolsillo.
Señala que lo que los contribuyentes paguen por concepto del Impuesto a los Grandes Capitales, no es deducible del ISLR, porque no funcionan como complementarios.
Castillo señaló que la organización que preside, ha emitido pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de este tributo, a través de comunicados, pero no tiene la vocación para presentar un recurso solicitando una acción de nulidad, afirmando que hay poca expectativa entre los contribuyentes de que pueda haber alguna revisión de esta norma, indicando que no tiene conocimiento de haya algún recurso interpuesto, señaló en entrevista en Unión Radio.
