La cifra oficial de los miembros de la Fuerza Armada Nacional que permanecen secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro asciende a 162 funcionarios, quienes han sido señalados por presunta Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión o Contra el Decoro Militar.
La información la dio a conocer la diputada por Voluntad Popular, Adriana Pichardo, en nombre de la Comisión para los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Señala que en este momento hay 162 presos políticos militares, de los cuales 40,74% son el rango de sargento, 27,78% son tenientes, el 4,94% mayores, 8,64% son capitanes,. 1,23% son tenientes coroneles el 9,26% son coroneles, el 6,79% generales y hay un soldado”, precisó.
Asimismo, la parlamentaria especificó en cuál componente de la FAN están cada uno de los secuestrados. “67 pertenecen a la Guardia Nacional, 66 al Ejército, 18 a la Aviación, 7 a la Armada y tenemos 4 aún sin identificar”.
Informó que de los 162, siete son femeninas. Además, señaló que en su mayoría están recluidos en las sedes de la DGCIM en Boleíta, Caracas, y en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda.
“Esta información la pudimos verificar a través del Observatorio de DDHH de la Asamblea el cual se creó con el fin de monitorear, documentar y visibilizar las graves violaciones a los DDHH en Venezuela”
Respecto al informe presentado por la Organización de Las Naciones Unidas, Pichardo agradeció a las víctimas y sus familiares, por tener la valentía de exponer sus denuncias, las cuales fueron fundamentales para la redacción de más de 400 páginas con los testimonios de los crímenes atroces cometidos por la dictadura en Venezuela.
“El informe que conocimos representa lo que hemos denunciado al mundo durante años, que es la violación sistemática a los Derechos Humanos en nuestro país. Hoy este documento permite medir la democracia en Venezuela, y sin duda estamos muy lejos de podernos llamar un país democrático”, precisó.
Responsabilidades con nombre y apellido
Por su parte, la también diputada al Parlamento venezolano, Delsa Solórzano, explicó la diferencia de este último informe con el resto de los que reposan en la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
“En este último informe hablamos de un órgano distinto y además se especifica la responsabilidad de quiénes son los culpables de los crímenes de lesa humanidad que ahí se revelan. Vemos cómo se establece un nexo entre corrupción y violaciones a los derechos humanos, porque resalta que la principal motivación para cometer estos crímenes son beneficios económicos; es decir, la corrupción. Cada vez que le dan un batazo a un preso político, lo hacen por dinero”.
Ambas legisladoras exhortaron a los venezolanos que han sido víctimas de torturas, violaciones a los DDHH, tratos crueles, inhumanos o degradantes a seguir denunciando a través de las redes sociales del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
