El instrumento pacifico más útil y eficiente creado por el hombre para enfrentar el dominio de los fusiles es la Ley. A partir de Pericles, quien puso su espada al servicio de la inteligencia y propicio en Grecia el núcleo genésico de la civilización occidental, la historia de la humanidad ha estado signada por el progreso que produce el Estado de Derecho en contraposición a la postración social de los sistemas políticos que basan su poder en la prevalencia de las armas y la violencia sobre las ideas y la legalidad. Y la Ley como camino a la justicia ha tenido también un recorrido de progresiva perfectibilidad desde el Talión hasta el Derecho de Gentes que incorpora la piedad cristiana, hasta nuestros días cuando la legalidad es un crisol de muchas ciencias y disciplinas concurrentes, proceso en el cual la libertad y dignidad individual es el hilo principal que entreteje la diversidad social, política y económica de las naciones.
Es así como el cumplimiento de la Ley ha guiado hacia el éxito a los países de mayor estabilidad social y desarrollo económico del planeta, debido precisamente a que es la ley y no la discrecionalidad o voluntad caprichosa de los gobernantes la que encausa el destino colectivo, produciendo así la indispensable cohesión humana para el progreso integral de la sociedad. A diferencia de los países cuyos mandatarios han enrumbando su devenir histórico a través del poder arbitrario negador de la voluntad de la Ley, basando su mandato de hecho en una dictadura o en una tiranía negadora de las libertades y del libre juego económico que crea riqueza y confiere una vida digna a sus ciudadanos. Actualmente para vergüenza de nuestro gentilicio venezolano, acompañamos a Cuba y a Corea del Norte en este deplorable grupo.
Esta voluntad del colectivo ciudadano que existía desde 1958 en la época luminosa y floreciente de la Venezuela democrática fue ignorada y atacada en su raíz cuando se le dio la espalda al mandato del pueblo en elecciones negando de manera ilegal y sin vergüenza alguna el triunfo del vencedor en varias elecciones; al quitarle poder a Gobernadores y Alcaldes elegidos por el pueblo, dándole autoridad y presupuesto en esos Estados y Municipios a “Protectores” oficialistas nombrados por el gobierno; al conformar un Tribunal Supremo de Justicia designando Magistrados fuera de la ley y la Constitución; al arrebatar el poder de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, a través de decisiones del Tribunal Supremo sin base legal, eliminando la mayoría calificada que el pueblo le dio;al convocar una Asamblea Nacional Constituyente contrariando normas legales y constitucionales; al designar unos Rectores que conforman el Consejo Nacional Electoral fuera de la normativa de la materia, órgano que ha convocado a su vez un proceso electoral totalmente viciado. Estos son algunos de los muchos desafueros de este gobierno, incómodamente sentado sobre bayonetas, que por desgracia rige los destinos del país. quitar
Pero lo grandioso de la Ley es que cuando logra sembrarse en la idiosincrasia del colectivo, permanece como norma natural de vida y aflora de manera espontanea como respuesta social motivada por humanos impulsos internos, sin que existan dirigentes grupales que la convoquen. Eso es precisamente lo que viene sucediendo desde enero de 2019 cuando el pueblo venezolano se volcó masivamente a la calle para respaldar la decisión de un joven, hasta ese momento casi desconocido, que en nombre y bajo la tutela de la Ley se encargó de la Presidencia de la República ante la inexistencia de unas pretendidas elecciones que alegó el usurpador para ocupar el cargo. Ante la falta absoluta de Presidente de la República, por no haberse producido la elección respectiva, el cargo hubo de ser ocupado por el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual hizo Juan Guaidó ante la complacencia de una gran mayoría del pueblo venezolano de conformidad con el artículo 233 de la Constitución.
Ha quedado de esta manera, con base al registro histórico de la conducta ciudadana, que el pueblo venezolano responde con valentía y sentido nacionalista a las convocatorias que se hacen con apego a la Ley, sin temor a los fusiles y el ánimo violento de quienes los portan.
Ahora estamos en una encrucijada en la cual tenemos por un lado que la Constitución indica que deben realizarse elecciones parlamentarias antes de culminar el año y por otra parte tenemos que el régimen ha convocado unos comicios viciados totalmente de ilegalidad, lo cual convierte a estas elecciones en un simulacro, en una farsa, cuyo único propósito es intentar validar la usurpación cometida desde enero del pasado año.
Toca de esta manera que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó de una salida legal y clara ante el dilema. En tal sentido el Frente Amplio Venezuela Libre Capitulo Lara emitió un comunicado exhortando al Presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional para que en uso de sus atribuciones y con base en los ilícitos públicos y notorios que contiene la convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral del arbitrario régimen que manda en el país, y además bajo la consideración que enfrentamos una pandemia que para los días de diciembre tendrá más de 14 mil contagios diarios, suspenda legalmente estas elecciones y disponga lo necesario para la continuidad administrativa de su mandato hasta tanto se puedan realizar elecciones libres y se tenga seguridad sanitaria ante la universal epidemia.
Sin una decisión legal de por medio y simplemente apostando a escenarios políticos, los fusiles no tendrán como barrera de contención ninguna ley que le haga contrapeso. En caso de que el régimen prosiga con su simulacro, luego de haber una decisión legal de la Asamblea Nacional, se podrá hacer política con este instrumento en mano, no como ahora, cuando lo único que tienen las fuerzas democráticas a su favor son declaraciones de prensa de voceros de países aliados.
Es legítimo hacer política y mover nuestras piezas con sentido práctico dentro de los varios tableros existentes, pero si no actuamos apegados a la Ley, si dejamos vacíos en el tablero legal, entraremos a los espacios de incertidumbre en los cuales medran los fusiles. El Pueblo está con Juan Guaidò porque considera que tiene a la Ley de su parte y para continuar bajo su protección es urgente que la Asamblea Nacional tome una decisión que lo mantenga bajo su amparo.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
