El diputado Miguel Pizarro aseguró que en Venezuela el Estado “no está para garantizarle la reparación y justicia a nadie. Por ello nuestra tarea es por el cambio político y la justicia internacional”.
El comisionado del gobierno interino para el sistema de Naciones Unidas, diputado Miguel Pizarro, aseveró que el informe de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela, publicado este miércoles 16 de septiembre, al igual que sus recomendaciones «no son más de los mismo», pues se vincula directamente a altos funcionarios venezolanos con responsabilidad en delitos de lesa humanidad.
En una rueda de prensa, Pizarro aseguró que este informe hace “afirmaciones que nos parece importantes”, como las declaraciones directas de funcionarios de cuerpos de inteligencia como el Sebin y la Dgcim, que vinculan directamente la detención de disidentes civiles y militares con órdenes dadas por Nicolás Maduro o Diosdado Cabello.
“Todas las violaciones y los delitos que se han narrado en este informe pueden considerarse como delitos o crímenes de lesa humanidad”, señaló el comisionado, quien además destacó aspectos como las menciones a los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo, en poder de cuerpos de seguridad y asesinados bajo presuntas torturas.
Sobre este punto, Pizarro mencionó que dentro del informe se detalla que la Dgcim «no solamente tiene el teatro de torturas y detenciones no oficiales en Boleíta» sino varios centros clandestinos donde se mantienen a los disidentes antes de ser presentando ante la justicia. “Una cosa importante es que este informe tiene información interna, tiene funcionarios de la Dgcim, el Sebin de la PNB hablando sobre estas operaciones”.
“Las recomendaciones del informe no son más de lo mismo, que en un informe se utilice el concepto de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, es un cambio fundamental. No es que lo diga yo o una ONG es un órgano independiente de la ONU”, sentenció Pizarro, al tiempo que destacó que esta es la primera vez que un órgano independiente de Naciones Unidas exhorta a sus propios miembros a apoyar este tipo de investigaciones y denunciar estos hechos.
Además resaltó el papel de las víctimas y familiares, «que estando a merced del Estado venezolano, pudieron narrar las violaciones sufridas», así como el trabajo “tenaz y consistente de la sociedad civil, organizaciones de defensa de derechos humanos que han recopilado de forma consistente la información”.
A juicio de Pizarro, en Venezuela el Estado “no está para garantizarle la reparación y justicia a nadie. Por ello nuestra tarea es por el cambio político y la justicia internacional (…) Creo que el régimen de Maduro, en medio de su estrategia con el fraude electoral, ha construido toda una política de lavarse la cara, que tiene un aproximación diferente a lo que él mismo construyó. Este informe da una visión correcta, de un Maduro que es violador de Derechos Humanos”.
Recordó que el 23 de septiembre está previsto el diálogo interactivo de los integrantes de la Misión de Determinación de hechos con los países miembros, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; al igual que una nueva actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela, y por último, la votación de la renovación sobre los mandatos de la Oficina de la Alta Comisionada y la Misión de Determinación de hechos.
Para esto, Pizarro dijo que se está preparando una resolución y buscando apoyo de los países miembros, con el objetivo de que se extiendan estos dos mandatos del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela.
Al ser consultado por la investigación que lleva la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la vinculación de Nicolás MAduro y al menos otros seis funcionarios del gobierno venezolano en delitos de lesa humanidad, el comisionado Pizarro dijo que pese a no ser vinculante, este informe “permite darle un insumo de base de investigación a la CPI de un órgano independiente, porque el resto de las denuncias las hemos hecho como parte interesada”.
Resaltó que buscarán apoyos de los países que introdujeron la demanda inicial para que este informe sea incorporado a la demanda en la CPI, y espera que defensores de DDHH y algunas víctimas hagan lo propio. “Este insumo es un paso para poder conseguir la reparación y garantía de no repetición una vez que se consiga el cambio político”.
