La opción de emitir nuevos bonos es cuesta arriba debido a las sanciones de Estados Unidos y, además, porque el Gobierno venezolano carece de un plan de recuperación con las garantías adecuadas. «Los inversores o acreedores tienen derecho a preguntarse, ¿y cómo me vas a pagar?», señaló.
El pronunciamiento lo hizo este miércoles el economista y director de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados (AH&A), César Aristimuño, al referirse al anuncio hecho este martes por la nueva ministra de Economía y Finanzas, en torno a una propuesta a los tenedores de bonos de la República, de Pdvsa y de a Electricidad de Caracas, para restructurar la deuda.
En efecto, el Gobierno nacional anunció unas condiciones de oferta de renegociación de la deuda de la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas, que tiene como objetivo suspender las demandas contra en el Estado venezolano por la deuda vencida y no pagada, que ya acumula tres años.
Quienes no acepten esta clausula, pierden todo el derecho a reclamar los pagos en mora. Es decir, que de no aceptarse la misma, el gobierno estima que su incumplimiento podría no tener consecuencias, lo cual, a juicio del economista, constituye un error.
“Las deudas, bien sea de la República o privadas, tienen un aspecto jurídico y un aspecto financiero”, explicó Aristimuño.
El economista sostiene que con un nivel de reservas internacionales de 6.300 millones de dólares, una economía en depresión con una contracción de su Producto Interno Bruta (PIB) en más de 75% en los últimos 5 años y una caída histórica en su producción petrolera, el Gobierno tiene poco que ofrecer en este refinanciamiento a sus acreedores.
Además, agregó que, en el aspecto legal, esta renegociación debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, dado que es el organismo que es reconocido por los Estados Unidos y por buena parte de la comunidad internacional, lo que pareciera ser una alternativa muy poco factible.
