En medio de la peor crisis sanitaria de la historia de Perú a causa del coronavirus, seis partidos políticos propusieron el jueves destituir al presidente, Martín Vizcarra, por “faltar a la verdad y obstruir” las investigaciones por la contratación de un conocido suyo en un ministerio.
El presidente del Parlamento, Manuel Merino, anunció que el viernes se someterá la admisión de la propuesta. Merino, quien sucedería a Vizcarra si fuese destituido, se dirigió a las Fuerzas Armadas y dijo que actuará “en estricto cumplimiento del orden constitucional”.
Vizcarra había afirmado poco antes en un mensaje a través de la televisora pública que no renunciará.
Delante de un cuadro del líder revolucionario Túpac Amaru II y acompañado del primer ministro, Walter Martos, y de la ministra de Justicia, Ana Neyra, el mandatario señaló desde el palacio presidencial que “si quieren vacarme aquí estoy… no voy a renunciar, yo no me corro”.
El nuevo choque con el Parlamento ocurre poco después que el presidente le exigió aprobar una ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postularse a un cargo público, menos de un año antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Desde que comenzó su mandato en 2018, Vizcarra ha gobernado sin bancada parlamentaria y tiene frecuentes fricciones con la cámara. Hace un año, disolvió el Parlamento anterior y, en agosto, el nuevo obligó a dimitir al primer ministro Pedro Cateriano tras 21 días en el puesto.
Los audios difundidos el jueves por el legislador Edgar Alarcón — a quien la fiscalía investiga por presunta corrupción y falsificación de documentos — contienen conversaciones donde Vizcarra intenta recordar el número de visitas al palacio presidencial de Richard Cisneros, un animador de eventos a quien conoció antes de llegar a la presidencia.
Vizcarra dijo que los audios “han sido editados y manipulados maliciosamente”.
Los registros de contrataciones estatales indican que entre 2018 y 2020 se contrató a Cisneros nueve veces por 49.500 dólares. La más reciente fue en abril: Cisneros dio charlas motivacionales a funcionarios para que mejoraran su rendimiento durante la pandemia.
El presidente, un ingeniero civil de 57 años que no pertenece a ningún partido político, no está siendo investigado porque su cargo lo protege, pero funcionarios de su entorno sí están bajo indagación y las consecuencias de la contratación de Cisneros podrían mellar su popularidad y su imagen de lucha contra la corrupción.
El Parlamento decidió investigar las contrataciones en la comisión de fiscalización que dirige Alarcón. Tras la difusión de los audios, el legislador indicó que las consecuencias podrían incluso llegar a la destitución del mandatario por incapacidad moral.
Tal posibilidad existe y, de acuerdo con la Constitución, el Parlamento unicameral de 130 miembros necesitaría 87 votos para cesar al mandatario. Antes, los legisladores necesitan admitir la propuesta de destitución, algo probable ya que los seis partidos que la han solicitado suman 95 votos.
Según Vizcarra, la difusión de los audios es “una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral”. No ofreció más detalles.
Desde hace años, el Congreso peruano está dominado por partidos ligados a diversos poderes económicos, desde la banca hasta la educación privada, los cuales están enfrentados con el gobierno.
Vizcarra llegó al poder en 2018 cuando era vicepresidente del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció luego que el Congreso amenazó con destituirlo si no dejaba el puesto. El mandato de Vizcarra concluirá en julio de 2021.
Perú es uno de los países más golpeados por el coronavirus, con más de 710.000 infectados y más de 30.300 muertos. En Latinoamérica es el segundo con más contagios después de Brasil y el tercero con más muertos luego de Brasil y México.
