El último trabajo de investigación publicado por FundaRedes afirma, tomando como base un documento elaborado en abril del año 2020 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, que por lo menos 60 % del apoyo financiero del ELN y 50% de las FARC proviene de la explotación de minas en Venezuela.
La organización señala que además del beneficio que genera la extracción ilegal de las riquezas minerales a los grupos armados irregulares, esta actividad ha dejado entre las comunidades indígenas del sur de Venezuela una secuela de “hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, esclavitud moderna, además de un severo daño ecológico y cultural”.
“El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera en los últimos años y la feroz explotación minera a lo largo de la cuenca del Orinoco, han generado una vulnerabilidad aún mayor en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, agobiadas ahora por la actuación de organizaciones armadas que reclutan o someten a sus integrantes”, expresa FundaRedes.
El estudio revela que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero del Orinoco, ha sido producto de la progresiva ejecución de prácticas criminales en las que participan diversos actores que se aprovechan de la extracción ilegal de minerales, en complicidad con funcionarios y efectivos militares venezolanos que les han permitido, no sólo su ingreso y permanencia en la zona, sino además un crecimiento y fortalecimiento que han afectado de manera significativa la vida de las comunidades indígenas que han habitado históricamente estos territorios.
Armando Obdola, presidente de la ONG Kapé-kapé -cuyo testimonio cita FundaRedes- asegura que muchas de las comunidades indígenas se sienten amenazadas, no sólo por los grupos irregulares, sino también por los agentes políticos del Estado. “En la zona actúan los llamados «sindicatos», bandas delincuenciales integradas por líderes carcelarios; disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor arraigo en el estado Amazonas, junto a la Fuerza Armada venezolana”.
En este sentido, Obdola señaló que las bandas delincuenciales se extienden a las fronteras de Venezuela con Brasil y Guyana donde han dividido el territorio y establecido zonas de control. Algunos “sindicatos” que inicialmente cometían secuestros y extorsiones en los principales centros poblados del estado Bolívar se expandieron hacia las zonas mineras; mientras que las FARC y el ELN llegaron procedentes de Colombia para asentarse en los yacimientos mineros de Amazonas.
Para la ONG el desarrollo de una actividad minera en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales, bien sea por el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones emitidos por autoridades del Estado o en ausencia de autorizaciones formales y legales, por su mirada displicente y la inacción frente a la explotación ilegal de la minería “constituyen una lesión flagrante del deber de protección al ambiente que se traduce en una violación del derecho a la vida, pues compromete la existencia de poblaciones presentes y futuras”.
