Con profusión y brillo analítico vemos como dentro del escenario público venezolano se da un debate sobre nuestros derechos políticos, donde concurren enjundiosos y acreditados académicos del foro jurídico nacional. Eso tiene que llenarnos de orgullo porque la defensa de la Ley es barrera esencial en la cual todos debemos participar con el objeto de frenar el primitivismo político que emplea básicamente el uso de la fuerza como instrumento de control.
Pero con todo y la riqueza de este debate queremos proponer a los integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre de Lara y todo el país, un debate sobre otros derechos básicos que sin necesidad de muchas interpretaciones está a la vista que son violados impunemente por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Uno de estos derechos es el de la alimentación y más específicamente la alimentación de los niños.
En Venezuela, según la ultima encuesta ENCOVI, existe una pobreza del 96 por ciento de la población y carencia moderada o grave de alimentos del 16 por ciento. Esto implica que centenares de miles de niños venezolanos, menores de cinco años, al no consumir la cantidad mínima de proteínas, están condenados a una vida de limitaciones físicas e intelectuales de gran magnitud que les impedirá desarrollar una existencia normal.
Eso ya es un hecho, no es una elucubración sobre el futuro, es una certeza científica indubitable. Miles y miles de niños venezolanos, debido al hambre que sufren hoy día, están condenados a una vida de limitaciones graves, donde la enfermedad y la muerte serán sus compañeras inseparables a lo largo de toda su existencia. De esta forma el régimen de Maduro viola abiertamente el artículo 78 constitucional en relación al amparo del niño, que a su vez es desarrollado por disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Efectivamente, su primer artículo dispone que el Estado debe brindarle protección integral al niño desde el momento de su concepción, es así que la alimentación de la madre está íntimamente vinculada a la protección de ese niño por nacer. Pero la disposición 30 es todavía más especifica pues ordena que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral y dentro de estos derechos se prevé “Alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud”.
Las acciones que violen masivamente las disposiciones aludidas constituyen crímenes de lesa humanidad, lo cual está registrado en los informes presentados ante la ONU por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, doctora en medicina Michelle Bachelet. Mencionar las acciones delictivas del actual Ejecutivo Nacional como crimen de lesa humanidad no es un simple decir, pues tiene base legal en el artículo 7 de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela, que considera al “exterminio” como una de las formas de este crimen: b) El “exterminio” comprenderá la privación del acceso a alimentos, encaminada a causar la desnutrición de parte de la población. A lo anterior ha de sumarse que las instancias internacionales consideran la corrupción administrativa un delito contra los derechos humanos, al impedir que el Estado confronte sus obligaciones de atención a los servicios públicos debido a la desviación de sus recursos hacia el patrimonio de los funcionarios corruptos. Esta es otra circunstancia hartamente probada en el país que clama por su enjuiciamiento y condena, pues a través de esos mecanismos delictivos es que se producen las condiciones de penuria estatal que le impide atender a sus obligaciones relativas a los servicios públicos.
Pero siendo esto grave y enjuiciable, tan grave o más grave aún, es que este cuadro de desnutrición es actualmente causa de muerte, directa por inanición y también indirecta o complementaria al convertirse esta carencia en deterioro drástico del sistema inmune, dejando a la persona absolutamente indefensa frente a enfermedades como el COVID-19 y contra el Dengue, epidemia esta última que toma auge en Lara con reporte de varios niños fallecidos.
Visto este escenario dantesco de hambre y desnutrición basta solamente vincular su existencia a la responsabilidad del régimen, la cual también es obvia porque este tiene control directo de la economía y ha impuesto un modelo genocida que al acabar con la producción de alimentos deja a los pueblos en la miseria. Tiene responsabilidad el régimen por el hambre que pasan los ciudadanos y especialmente la infancia. Tiene responsabilidad el régimen de Maduro en este crimen selectivo, gradual y progresivo contra la población venezolana y especialmente contra sus niños, porque ha cerrado ciegamente cualquier posibilidad de acuerdo interno para enfrentar este drama y al mismo tiempo impedir que se articule un esquema de auxilio internacional que mitigue los desgarradores cuadros de hambre que sufre nuestra población.
Este debate sobre la desnutrición y la responsabilidad directa del régimen de Maduro lo proponemos al capítulo Lara del Frente Amplio Venezuela Libre, con el objeto de elaborar una denuncia donde conste el crimen de lesa humanidad que está cometiendo el régimen y lo integremos a la causa que tiene abierta en instancias jurídicas internacionales. Dios nos acompañe en este propósito.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
