La Corte Suprema de Colombia anunció este martes que ya no tendrá jurisdicción en la investigación en torno a las acusaciones de que el influyente expresidente Álvaro Uribe intentó manipular a exparamilitares para testificar en su favor en un caso que ha sacudido a la nación sudamericana.
El tribunal dijo que los jueces no creen que las acusaciones estén vinculadas con el puesto de Uribe como senador, por lo que decidieron de manera unánime remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación.
El caso es considerado como una importante prueba al sistema judicial colombiano, el cual ha tenido problemas para combatir los altos índices de impunidad y en semanas recientes se ha visto asediado por simpatizantes de Uribe que aseguran que existe parcialidad dentro de la Corte Suprema.
El máximo tribunal sorprendió a los colombianos en agosto, cuando ordenó que Uribe quedara bajo arresto domiciliario en lo que se avanzaba la investigación en torno a las acusaciones de que presionó a testigos para que se retractaran de sus declaraciones en las que indicaban que el exmandatario tenía vínculos con grupos paramilitares.
Desde entonces, los aliados políticos de Uribe —incluyendo al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence— han criticado la decisión de la corte y han hecho llamados para su liberación. A través de una compañía de Medellín, el hijo de Uribe ha contratado a una organización de cabildeo con sede en Washington, DCI Group, por 40.000 dólares al mes para promover el caso en favor del exmandatario.
Por ley, la Corte Suprema es la responsable de manejar todas las investigaciones legales que involucran a funcionarios electos. Uribe renunció a su cargo como senador dos semanas después de que se ordenó su arresto domiciliario. Su abogado argumentó que, por lo tanto, el tribunal había perdido su jurisdicción.
Los miembros de la corte emitieron el martes un comunicado en el que señalaron que habían determinado que el caso de Uribe involucraba “”una investigación sin relación con su cargo de congresista».
Al menos en teoría, la Fiscalía General debe ser capaz de reanudar la investigación en el punto en que la dejó la Corte Suprema, pero primero podría haber otros asuntos que resolver.
Iván Cepeda, un legislador de oposición cuyas acusaciones dieron origen al proceso legal, está considerando solicitar que el fiscal general se recuse del caso.
“Es evidente que el señor fiscal tiene una relación estrecha con el presidente Iván Duque, con el gobierno nacional y con el expresidente Uribe. Existe un impedimento por conflicto de intereses”, dijo Cepeda a BLU Radio de Colombia.
En tanto, el equipo legal de Uribe podría intentar que se reinicie la investigación desde el principio, en vez de continuar con el uso de testimonios e información que ya han sido recabados.
El caso de manipulación de testigos es una de varias investigaciones en torno a Uribe que se encuentran actualmente en manos de la Corte Suprema. El político, considerado como una de las figuras más influyentes de la historia reciente de Colombia, también ha sido llamado a testificar ante el máximo tribunal en relación con tres masacres y con la muerte de activistas de derechos humanos durante el conflicto civil de cinco décadas en el país.
La jurisdicción de la Corte Suprema en dichos casos posiblemente también sea revisada.
Desde hace tiempo, Uribe se ha visto asediado por señalamientos de vínculos con paramilitares, milicias que fueron formadas por terratenientes durante el conflicto en el país para acabar con las amenazas de guerrilleros, pero que también participaron en brutales actos de violencia en contra de la población civil.
Un memo previamente confidencial del Archivo de Seguridad Nacional muestra que un alto funcionario del Pentágono creía que Uribe “casi seguramente” tenía acuerdos con paramilitares.
La decisión de 1.554 páginas de la Corte Suprema sobre el arresto domiciliario contra Uribe incluyó transcripciones de varias llamadas telefónicas intervenidas que muestran que el expresidente estaba involucrado directamente en los intentos de su abogado de obtener testimonios favorables de parte de combatientes encarcelados.
Uribe ha rechazado rotundamente las acusaciones y su equipo legal ha argumentado ante la corte que apenas estaba al tanto de las actividades de su abogado.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano, dijo que ahora todas las miradas se centrarán en que la fiscalía garantice una investigación justa y exhaustiva.
“Los fiscales deben garantizar un análisis independiente, imparcial y creíble del caso de Uribe”, dijo. “Uribe claramente cree que la Fiscalía General de la Nación será indulgente con él. Dependerá de los fiscales mostrar que se equivoca”.
