Como un aporte a la ardua lucha por la recuperación de la democracia de Venezuela, sindicatos y gremios del estado Lara dieron a conocer una propuesta para lograr “una real y viable transición democrática”, promoviendo la consulta popular como principal herramienta con el que la población decidirá el rumbo que tomará el país.
“Hoy, estando bajo un panorama electoral truculento y oscurecido, observamos que mientras no exista supremacía de la ley, no habrá elecciones libres y transparentes. (…) Para una real y viable transición democrática, se hace urgente y necesaria la activación del art. 187 numeral 4, y art. 347 de la Constitución de la República, para llamar a una consulta popular nacional e internacional”, señala parte del comunicado presentado por representantes y líderes sindicales, de asociaciones como Sepeel, Sunepsas, el Colegio de Profesores y Enfermeras, entre otros.
Sostienen que para ejecutar dicha consulta no se requiere del Consejo Nacional Electoral, ni del Tribunal Supremo de Justicia o el Plan República, y que sería la Asamblea Nacional o la sociedad civil los encargados de llevarla a cabo.
“A diferencia de la consulta de 2017, esta tendrá el enorme apoyo internacional de más de 50 países”, señalan en el documento, recordando que además de los EEUU tendrán el respaldo de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, los miembros del consejo de seguridad de la ONU y periodistas nacionales e internacionales. Asimismo, esperan por la colaboración de una “Guardia Nacional Internacional que prevenga los desmanes de las fuerzas comunales paramilitares que operan en el país a través de colectivos armados”.
Por otra parte, ante los atropellos y la violación de los derechos laborales, los sindicatos declaran al régimen de Nicolás Maduro como “principal enemigo” de los trabajadores de la administración pública.
“Nos han reprimido el derecho a tener mejores condiciones de vida, dejando sin preceptos constitucionales para la dignificación del trabajo”.
Asimismo, exigen a los diputados de la Asamblea Nacional “estar a la altura del momento político” que vive el país y escuchar las numerosas demandas de los trabajadores, para que declaren la responsabilidad política contra aquellos funcionarios del régimen que han dictado “actos administrativos contrarios a la Constitución Nacional y a las formas del derecho laboral nacional e internacional”.
