La Red Electoral Ciudadana (REC), integrada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto Joven realizaron por segunda oportunidad un informe sobre la jornada de inscripciones y actualización de datos en el Registro Electoral (RE).
La REC, fundada en agosto de 2016, es un espacio común para el trabajo articulado de organizaciones de la sociedad civil, convocadas para ejecutar acciones dirigidas a fortalecer y defender la participación y los derechos políticos de los ciudadanos desde la perspectiva de los derechos humanos.
Tras cuatro años de documentación de lo que ha sido el proceso de socavamiento de derechos civiles y políticos en el marco de los procesos electorales celebrados en Venezuela, el trabajo de la REC se mantiene como un ejercicio de ciudadanía y como una vía de expresión de los ciudadanos ante la actual crisis que vive el país.
En la jornada de inscripciones y actualización de datos en el Registro Electoral, convocada por el Consejo Nacional Electoral del régimen del 13 al 29 de julio, se documentaron diversas irregularidades en el proceso, como el acortamiento de los lapsos de inscripción, el proselitismo mediático, la participación significativa de militares y milicianos en un proceso que debe ser eminentemente civil, la promoción político partidista en los centros, y la inobservancia de los protocolos biosanitarios destinados a evitar el contagio de COVID-19, lo que puso en riesgo no solo a los funcionarios de la administración electoral, sino a quienes ejercieron su derecho a participar en los procesos electorales.
Reducción de días y cantidad de centros disponibles
En el informe, La Red Electoral Ciudadana (REC) manifiesta que el Consejo Nacional Electoral del régimen de Maduro convocó el 1 de julio las cuestionadas elecciones parlamentarias 2020, y diez días después publicó el Cronograma Electoral, «en una clara transgresión a la legislación vigente».
Agregan que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que “en el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley”.
«Este cronograma contemplaba un lapso 14 días para una jornada especial de inscripción y actualización, del 13 al 26 de julio, con la habilitación de solamente 551 centros de inscripción y actualización a nivel nacional, a pesar de estar en ese momento en plena cuarentena parcial por la pandemia, que a la semana siguiente, se extendería a todo el territorio venezolano. Este lapso posteriormente se amplió a 17 días, por una prórroga de 72 horas aprobada posteriormente. Sin embargo, es considerado un tiempo muy breve dada la significativa cantidad de personas, especialmente jóvenes, que no se han inscrito en el Registro Electoral», acotan en el texto.
Además, señalan que el CNE «no informó públicamente la ubicación de Centros de Inscripción y Actualización Móviles, pero su funcionamiento se verificó durante el monitoreo ciudadano de la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral. Incluso dos de estos puntos estaban ubicados en instalaciones del Programa Social Mercado de Alimentos S.A Mercal, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en el Distrito Capital (sede principal) y en el estado Carabobo».
Por otra parte, afirman que «se evidenció proselitismo y propaganda política a pesar de que el marco legal venezolano prohíbe expresamente a los funcionarios y empleados públicos tener parcialidad político-partidista en el ejercicio de su mandato, sin embargo, se observó durante toda la jornada un claro sesgo en la invitación de funcionarios (5%) y organismos públicos (6%), comenzando por Nicolás Maduro, el cual convocó públicamente, a través mensajes difundidos en redes sociales, a la juventud de la patria a la jornada del RE, incluyendo, expresamente, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incurriendo en proselitismo mediático».
