Fijar posición acerca de la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de 2020, realizada por el cuerpo usurpador que se proclama como CNE, acordó la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, integrada por los profesores que imparten esta materia, así como otros profesores de derecho público convocados a la misma.
En un extenso documento exponen toda la argumentación jurídica y legal, en la que sustentan este pronunciamiento, expresando su repudio al evento que pretende llevar a cabo el régimen de Maduro, el cual consideran improcedente e ilegitimo.
Aseguran que el proceso no puede ser calificado como un evento electoral y solo pretende destruir el último resquicio de legitimidad democrática, refugiado en la Asamblea Nacional.
Advierten que se trata de un montaje para crear apariencia de legalidad, pero todos y cada uno de sus componentes, fases y mecanismos están viciados y no responden a una fórmula democrática que acredite la manifestación de la voluntad popular. Peor aún, a la inconstitucionalidad manifiesta, se debe agregar el desprecio del usurpador por el sufrimiento de un pueblo sometido a las mayores penurias, una organización criminal que está dispuesta a sacrificar la vida de los venezolanos y la soberanía nacional por el cumplimiento de su pretensión de permanencia indefinida en el poder. Es así que se aprovecha una situación de indudable emergencia internacional para instrumentalizar los Estados de Excepción como mecanismo de sometimiento de la ciudadanía, complemento perfecto de la represión ejecutada por el Estado Forajido.
Lo planteado anteriormente encuentra soporte definitivo con la comprobación del incumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela que fueran presentadas al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 15 de febrero de 2019, por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la máxima instancia regional. Ahora bien, reconocida la actual coyuntura que vive nuestra patria, caben las interrogantes: ¿Es el sufragio un fin en sí mismo?; ante la inexistencia de condiciones de participación, ¿Está el ciudadano impelido a entrar al callejón sin salida del fraude continuado? Esta cátedra sostiene que la intervención en este tipo de simulacros, sin siquiera luchar por los derechos y las condiciones de participación política de los ciudadanos, constituye una colaboración con la legitimación de esas relaciones de dominio y el mantenimiento del régimen autoritario y sus agresiones contra la sociedad democrática.
En cualquier democracia consolidada del mundo sería un lugar común señalar como principios del sufragio su universalidad, inmediatez, periodicidad, su carácter secreto, libre e igualitario ya que, sin tales características, las elecciones se convierten en un instrumento idóneo para impedir la materialización del objetivo de cualquier democracia. En este país, hoy estamos luchando, y no todos, por esas condiciones al exigir el voto libre, secreto e igualitario. Bastan estas apreciaciones preliminares para entender que no se producirá reconocimiento internacional de este proceso, bajo ninguna premisa, ya que atenta contra el estándar consagrado por la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, entre otros muchos instrumentos, destaca el documento de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV.
