Francisco Flores y su primo, Efraín Campo, fueron declarados culpables en 2016 en un caso muy acusado que arrojó una dura mirada a las acusaciones estadounidenses de tráfico de drogas en los niveles más altos de la administración socialista de Nicolás Maduro
Un sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos una sentencia de 18 años por conspirar para contrabandear 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Francisco Flores y su primo, Efraín Campo, fueron declarados culpables en 2016 en un caso muy polémico que arrojó una dura mirada a las acusaciones estadounidenses de tráfico de drogas en los niveles más altos de la administración del presidente Nicolás Maduro. En marzo, los fiscales acusaron al propio Maduro de liderar una supuesta conspiración “narcoterrorista” que inundó los Estados Unidos con 250 toneladas métricas de cocaína al año.
En una petición publicada el 25 de agosto en el expediente de la Corte Suprema, los abogados de Flores argumentaron que el jurado fue engañado cuando un juez federal de Manhattan les dijo que los hombres deberían haber sabido que la cocaína estaba destinada a los EE.UU.
Según la petición, en ningún momento se puede escuchar a los dos hombres en grabaciones telefónicas, ni siquiera preguntando sobre el destino final del envío con destino a Honduras que estaban negociando con informantes, que trabajan bajo la supervisión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Cuando los informantes insertaron en 13 instancias registradas referencias generales al narcotráfico en Estados Unidos, los hombres guardaron silencio o reaccionaron con respuestas vagas e inaudibles, según la petición.
“La única evidencia citada con respecto a la supuesta evasión deliberada del conocimiento de Flores fue que él y Campo permanecieron efectivamente en silencio, es decir, no buscaron confirmación o aclaración, cuando los informantes de la DEA dejaron caer sus diversas insinuaciones indirectas”, reza la petición, que fue preparada por abogados con sede en Nueva York de la firma Sidley.
Campo y Flores fueron arrestados en Haití en una operación de la DEA en 2015 e inmediatamente trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio. Fueron atraídos a la isla caribeña con la promesa de un anticipo de $ 11 millones de un traficante en silla de ruedas que conocieron en Honduras llamado “El Sentado”, el que estaba sentado, quien sin saberlo era un informante de la DEA.
Siguió una reunión en Caracas, en la que se presentó una muestra del narcótico. Pero no se les incautó ninguna droga cuando fueron arrestados en un restaurante cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, poco después de llegar en un jet privado desde Caracas.
Los abogados de Campo y Flores argumentaron en su juicio de dos semanas que ninguna droga se intercambió de manos y que los hombres nunca tuvieron la intención de entregar ninguna. El testigo estrella de los fiscales, José Santos-Peña, era un informante de la DEA que luego se descubrió que había mentido a sus manejadores.
No está claro quién paga los honorarios legales de Flores. Michael Levy, abogado de Austin, se negó a comentar. Pero en el juicio del tribunal inferior, Wilmer Ruperti, un magnate naviero venezolano cercano al gobierno de Maduro, revocó su proyecto de ley.
Flores, a quien Maduro llama el “Primer Combatiente”, es uno de los miembros más poderosos del gobierno revolucionario de Venezuela y una presencia constante junto a su esposo cada vez que aparece en público. Los dos casi no han mencionado la condena de sus seres queridos en EE. UU.
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