Un total de 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa, perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos, durante los primeros seis meses del año 2020, registró la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Señala la información que de esta cifra, 85 casos ocurrieron tras el decreto del estado de alarma, anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, luego de la llegada del Covid-19 al país.
El Comisionado, Humberto Prado presentó en conferencia de prensa, el informe “Libertad de Prensa Bajo Ataque”, que detalla las arremetidas y agresiones de los que han sido víctimas periodistas y trabajadores de la prensa, quienes han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas, lo que incurre en una seria violaciones de derechos fundamentales, principalmente, contra el derecho a la libertad de expresión, entre otros.
Recordó que durante las actividades de calle realizadas los primeros días de enero, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Caracas; los ataques contra periodistas ocurridos el 11 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas y los ocurridos el 29 de febrero, en el barrio La Paz, en Barquisimeto, en los que estuvo presente el presidente interino, Guaidó, muchos periodistas que asistieron a la concentración para cubrir la noticia, fueron identificados, amenazados y robados por grupos colectivos y funcionarios de las diversas fuerzas de seguridad del régimen.
El informe detalla, en 13 entrevistas realizadas a varios periodistas víctimas de ataques, las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados; algunos sucedidos en el mes de febrero y otros en el contexto del estado de excepción.
Desde el inicio del estado de alarma, la Comisión para DDHH registró un total de 85 de agresiones contra trabajadores de la prensa y periodistas, además de un incremento en la persecución contra este grupo de trabajadores.
“Considerando el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, el temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de medios independientes que divulguen las violaciones a la libertad de prensa, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor al reportado en este informe”, resalta el Comisionado Prado, al tiempo que expresó su preocupación por estos ataques.
“Son alarmantes los elevados niveles de impunidad que existe en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y, principalmente, el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa”, aseguró.
La coordinación de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Presidencial, señala que los ataques dirigidos contra los periodistas pueden ser clasificados principalmente en detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y censura de medios de comunicación.
“En todos estos ataques el comportamiento del gobierno ilegítimo varió. En unos casos permaneció pasivo e indiferente, demostrando su falta de voluntad para impedir la comisión de actos y sancionar a los responsables” señala el Comisionado.
La Comisión resalta que la prensa libre en Venezuela, ha sido víctima de múltiples e ininterrumpidos ataques desde hace más de dos décadas, tras la llegada de Hugo Chávez al poder. Desde entonces, los ataques han sido de toda índole, desde cierres de canales y programas comunicativos, pasando por declaraciones estigmatizantes contra comunicadores sociales en un claro discurso de odio, hasta concluir en severas agresiones en perjuicio de la libertad e integridad personal de aquellas personas que de una forma u otra se encuentren vinculados con el trabajo periodístico.
Tras lo expuesto, la Comisión para DDHH y Atención a las Víctimas de la presidencia interina considera conveniente que la ciudadanía, los organismos internacionales de protección de DDHH y quienes hacen parte del régimen usurpador, aboguen por el cumplimiento de las medidas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, que se respeten los parámetros establecidos en la Constitución Nacional, respecto a la imposibilidad de suspender el derecho a la información, que se inste a la anulación de la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información, se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones sufridas por los trabajadores de la prensa a manos de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados, señalo Humberto Prado.
