La fiscalía de Cabo Verde ordenó abrir un proceso de investigación contra los dos supuestos emisarios, que a nombre del gobierno caboverdiano, fueron a Caracas a hablar con Nicolás Maduro sobre el caso de Alex Saab, detenido en ese país africano desde junio a solicitud del gobierno norteamericano.
El comunicado emitido en la madrugada de este martes, detalla el anuncio de una causa abierta contra Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de Turismo y Transporte de este país insular de África occidental, según la Procuraduría General de la República (PGR).
El organismo determinó la necesidad de abrir una “investigación judicial” por la “existencia de hechos susceptibles de integrar la práctica de un delito de usurpación de autoridad”.
Ambos individuos tendrán que responder ante los tribunales caboverdianos el supuesto delito, que podría acarrear una condena a penas de entre uno y cinco años de cárcel.
Esta acción se inició luego de conocerse las noticias publicadas en medios de comunicación nacionales y extranjeros, sobre el viaje que Gil Évora y Dos Anjos emprendieron a Venezuela alegando ser enviados del gobierno de la nación africana.
Apenas se conoció la noticia el gobierno de Cabo Verde de inmediato negó la posibilidad de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y mucho menos el envío de emisarios para entablar conversaciones sobre el caso Alex Saab, detenido en el país insular a petición de Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
El Gobierno se refirió a una noticia publicada por el diario estadounidense “El Nuevo Herald” que aseguraba que Gil Évora y Dos Anjos se reunieron en secreto entre el lunes y el martes de la semana pasada con Maduro en el palacio presidencial en Caracas.
Este fin de semana, Gil Évora negó que él y Dos Anjos se entrevistaran con el dictador venezolano y alegó que el objetivo del viaje “fue sólo comercial” debido a un contrato de consultoría sobre “vuelos y visados” con los abogados de Saab en Cabo Verde.
Tras salir a la luz el polémico viaje, Gil Évora fue destituido como presidente del consejo de administración de EMPROFAC, compañía estatal de distribución de medicamentos en el país africano.
