Hace dos años una de las principales conquistas laborales, los contratos colectivos, quedaron sin efecto luego de que el régimen impusiera la aplicación de las tablas salariales de la administración pública, como efecto de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 20 de agosto de 2018.
Desde entonces, los trabajadores en Guayana desconocen exactamente los conceptos que les pagan en cada quincena, toda vez que los listines de pago ya no existen.
Están seguros que lo percibido está lejos de los extintos tabuladores estipulados en la normativa laboral de cada empresa.
Las desmejoras en los beneficios se pierden de vista. Con la aplicación de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 los efectos del incumplimiento de los contratos colectivos y unas empresas con una escasa producción son mayores.
 La cuarentena agravó las condiciones socioeconómicas de los trabajadores de las empresas básicas | Fotos William Urdaneta |
Este jueves, trabajadores de las industrias de Guayana se concentraron en la plaza Monumento a CVG, en Puerto Ordaz, no solo en protesta por los dos años de este hecho, sino para llamar a la unidad en la lucha de la recuperación de sus beneficios, pero también para extenderla en procura de la reconstrucción política, económica y social del país.
“Se cumplen dos años de la tragedia de todos los trabajadores de Venezuela, que no solo ha afectado a los trabajadores, sino a toda la economía nacional. Pero acá en Venezuela hay un tema más importante, nos cansamos de dar la batalla individual en cada una de esas empresas, e individualmente salimos derrotados por un régimen que jamás respetó la voluntad de sus trabajadores que eligieron sus sindicatos. Hoy se hace necesario que todo el pueblo de Venezuela nos unamos porque no está en juego solamente unos beneficios que les quitaron a los trabajadores, sino que está en juego la familia venezolana”, manifestó Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG).
“¿Se solucionaría el problema en Venezuela el que nos devuelvan las convenciones colectivas, mientras en las comunidades no hay agua, están sin electricidad, y no hay gasolina? Es un problema estructural, no podemos resolver los problemas de manera parcial porque no estaríamos haciendo nada”, indicó.
Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato del Complejo Siderúrgico-Planta Casima, planteó continuar la lucha no solo en lo laboral sino en la reivindicación de todos los derechos ciudadanos.
“Debemos seguir insistiendo en la unidad de la clase trabajadora, rescatar el sentido de pertenencia con nuestras industrias y nuestros beneficios. No podemos simplemente quedarnos en nuestros hogares a ver qué pasa, sino seguir esforzándonos por recuperar lo que es nuestro. Debemos meternos en la lucha, defender lo que es nuestro, y para ello es importante la participación de cada uno, esto es un problema de todo el país al que se le ha visto vulnerado todos sus derechos, desde el punto de vista laboral, de la salud, la educación, el transporte”.
Persecución como consecuencia
En 2018, el régimen detuvo a 15 trabajadores, 14 de ellos por las protestas laborales que se iniciaron ese año. Además del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, detuvieron a otros nueve empleados de esta empresa y cuatro de Venalum.
González continúa preso en la cárcel La Pica, en Monagas, condenado a 5 años y 9 meses de prisión, tras ser juzgado ilegalmente bajo la justicia militar.
“Esta es una fecha que para nosotros fue la catástrofe que hoy estamos viviendo los trabajadores. No solo fue contra los trabajadores sino que vino la persecución contra líderes sindicales. Ha sido el juicio más injusto en la historia de Venezuela”, manifestó Miguel Ekar, dirigente sindical de Alcasa y abogado defensor de Rubén González.
Recordó que a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar, la Corte de Apelaciones ratificó recientemente la condena contra González.
Actualmente los trabajadores no incluidos en el plan de contingencia por la pandemia de COVID-19, denuncian ser excluidos de beneficios adicionales como bonos y entregas de bolsas de alimentos. La mayoría tiene sus fichas desactivadas y devengan un sueldo básico.
En las últimas semanas han exigido la reactivación de las industrias para retomar la producción y hacer cumplir las contrataciones colectivas.
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