The New York Times publicó un análisis en torno a las acciones que ha tomado e régimen de Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia por la COVID-19 en el país y, entre otras cosas determinó que le está dando el tratamiento que daría a cualquier amenaza para su administración.
A continuación presentamos parte del documento:
Nicolás Maduro ha abordado el coronavirus de la misma manera que tiene cualquier amenaza interna para su gobierno: desplegando su aparato de seguridad represivo contra él.
Los funcionarios están denunciando a las personas que pueden haber estado en contacto con el coronavirus como «bioterroristas» e instando a sus vecinos a denunciarlos. El régimen detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro sobre el virus.
Y está acorralando a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de contención improvisados por temor a que puedan estar infectados.
En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son forzados a habitaciones abarrotadas, con comida, agua o máscaras limitadas y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para pruebas de coronavirus o tratamiento con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus teléfonos celulares y documentos gubernamentales.
“Nos dijeron que estamos contaminados, que somos culpables de contagiar al país”, dijo Javier Aristizabal, un enfermero de la capital, Caracas, quien dijo que pasó 70 días en los centros luego de regresar de Colombia en marzo.
En una ciudad importante, San Cristóbal, los activistas del partido gobernante están marcando las casas de familias sospechosas de tener el virus con placas y amenazándolas con detenerlas, dijeron los residentes. En otra ciudad, Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial. Los políticos de la oposición local cuyos distritos electorales registran un brote dicen que están amenazados con ser procesados.
“Este es el único país del mundo donde tener COVID es un crimen”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana que dijo que había contraído síntomas de la enfermedad, solo para encontrar policías en su puerta y funcionarios del gobierno acusándolo de infectar a la comunidad.
A medida que la pandemia arrasaba a los países vecinos, abrumando redes de atención médica mucho más preparadas que el sistema colapsado de Venezuela, Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder.
“La pandemia presenta claramente una amenaza para el gobierno porque muestra la precariedad de sus recursos”, dijo John Magdaleno, un politólogo venezolano en Caracas. “La prioridad no es lidiar con la pandemia. Es la supervivencia política a corto plazo ”.
En sus siete años en el poder, Maduro ha supervisado el colapso del sistema de salud de Venezuela, la destrucción de la economía nacional y un marcado aumento en el aislamiento internacional del país.
Con recursos cada vez más escasos para preparar los hospitales o ayudar a su población ya empobrecida a sobrevivir a la crisis, Maduro ha recurrido a los centros de detención básicos, la represión y la coerción para tratar de evitar que el virus abrume al país, dijeron analistas políticos.
El enfoque de mano dura puede mantener a más personas en casa y desacelerar la propagación del virus, pero también desalienta a quienes pueden estar enfermos de buscar ayuda. Eso, a su vez, hace que la pandemia sea aún más difícil de combatir, dijeron médicos en Venezuela.
“Cuando las personas se sienten enfermas, piensan que tienen un problema legal o policial, como si fueran delincuentes”, dijo Julio Castro, un médico venezolano que asesora al Congreso controlado por la oposición sobre atención médica. «Así que prefieren esconderse».
El verdadero alcance de la pandemia en Venezuela, un país que dejó de publicar estadísticas de salud tan básicas como la mortalidad infantil hace años, es casi imposible de determinar.
Pero con 20 altos funcionarios que informaron que dieron positivo en la prueba y algunos médicos advirtieron que sus hospitales estaban cerca de su capacidad, la situación puede ser mucho peor de lo que sugiere el recuento oficial de 288 muertes en un país de aproximadamente 30 millones de personas.
Los médicos y periodistas que han cuestionado las estadísticas oficiales dicen que han sido amenazados. Al menos 12 médicos y enfermeras venezolanas han sido detenidos por hacer comentarios públicos sobre el coronavirus, según los sindicatos médicos.
Los migrantes venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero a raíz de la pandemia son un objetivo especial.
Según el gobierno colombiano, alrededor de 95.000 venezolanos han regresado a su país de origen desde marzo y 42.000 esperan su turno a lo largo de la frontera.
Solo 1.200 pueden regresar cada semana a través del cruce fronterizo principal, según las pautas del gobierno venezolano, lo que obliga a otros a esperar meses en campamentos improvisados. Aquellos que usan senderos ilegales para cruzar la porosa frontera terrestre son amenazados y etiquetados públicamente.
En Twitter, las fuerzas armadas de Venezuela instaron a la población a denunciar a los llamados bioterroristas, refiriéndose a los venezolanos que habían evadido los controles fronterizos del gobierno y regresado a casa.
The Times entrevistó a siete venezolanos que fueron retenidos en centros de contención. Varios dijeron que habían sido hacinados en habitaciones sin camas, comida caliente, ventanas o suficiente agua potable.
«No se podía pedir ayuda a nadie, porque lo único que recibía era abuso», dijo Aristizábal, el enfermero, quien fue trasladado a varios centros después de regresar de visitar a su madre en Colombia.
