85% de los adultos mayores encuestados por la organización defensora de Derechos Humanos Convite, para su nuevo informe Monitoreo del acceso a la salud y a la seguridad social en Venezuela, necesitan una o más medicinas y solo 2% dice que puede adquirirlas fácilmente.
Con el pasar del tiempo, aumentan las brechas en el acceso a la salud de la vejez en Venezuela. En julio de 2020, Convite alertó que 86% de los adultos mayores encuestados en los municipios Sucre y Páez del estado Miranda, en Iribarren y Palavecino en Lara, Maturín en Monagas y municipios Baruta y Chacao, compran medicinas con mucha dificultad o las adquieren gracias a donaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Del 75% de los adultos mayores que se mantienen en tratamiento para controlar una enfermedad crónica, 37% los compra con dificultad, 26% solo cumple el tratamiento cuando se lo donan, y 23% adquiere el tratamiento incompleto. 89% no tiene póliza de salud.
“Las personas mayores deben ser incluidas en las políticas de respuesta y además deben dejar de circunscribirse a la asignación de una pensión que no responde a las necesidades de alimentación, salud y vida de estas personas”, manifestó la directora de proyectos, Francesca Ruiz, en la presentación del informe este martes.
Dependientes del CLAP
 “Un 25% de los adultos mayores entrevistados siente que no puede aguantar la situación en Venezuela; significa un grito de auxilio”, expresó Francesca Ruiz |
Los resultados que más preocupan a la organización son el acceso crítico a la salud y la inseguridad alimentaria a la que son sometidas las personas mayores.
Hoy están a merced del irregular suministro de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que, sentencian, no garantiza calidad nutricional.
Al 63% de los ancianos encuestados les llega la caja. De ese porcentaje, al 43% de las personas le dura menos de 15 días, al 25% le dura 15 días y solo al 6% les dura un mes.
9 de cada 10 adultos mayores no pueden comer proteína animal, y si lo hacen, es una sola vez al mes. La mayoría manifestó que se han visto en la necesidad de reducir las porciones de comida; 43,6% de los encuestados puede comer solo dos veces al día.
El estudio indica que el 80% de los adultos mayores consultados deben trabajar para costear sus alimentos y medicinas, y, aun así, 94% de ese grupo aseguró que lo que ganan con el sueldo y la pensión es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
“Una de las cosas que les causa más tristeza es que dieron su vida, trabajaron y ahorraron, y que los ahorros de toda su vida se convirtieron en nada y en este momento en el que deberían retirarse y descansar no pueden hacerlo”, expresó Ruiz.
La directora de proyectos explicó que si bien las personas mayores de estratos sociales bajos tienden a ser más vulnerables durante la pandemia por COVID-19 y los embates de la crisis económica venezolana, son personas que estaban acostumbradas al trabajo y a resolver y tienen herramientas para enfrentar la situación.
Mientras que los ancianos que pertenecían a estratos más altos y que ahora se encuentran en situación de desatención, se encuentran con que ya no pueden satisfacer sus necesidades básicas. “Manifiestan una mayor situación de desesperación y ansiedad, que desarrollan cuadros de depresión y tienen incidencia en el riesgo de suicidio en personas mayores”, dijo.
Proponen protección legislativa
La organización propone una reestructuración del marco legislativo que proteja a las personas mayores y una protección social que no esté relacionada solamente al pago de una pensión que hoy es insuficiente.
El director de Convite, Luis Francisco Cabezas, destacó que urge reformar el marco legislativo para que ampare a las personas mayores porque si bien existe la Ley de Servicios Sociales, esta caracteriza a los ancianos como personas de la calle. “Es una ley muy muy rara que habla de otra categoría de personas”, señaló.
Cabezas también resaltó que durante la pandemia el gobierno debe permitir una bonificación humanitaria de emergencia de al menos 50 dólares mensuales para las personas mayores estén o no inscritos en el seguro social y que esto se puede lograr en conjunto con organismos multilaterales.
Alertó que en la actualidad hay entre 500 mil y 700 mil adultos mayores fuera de la protección del seguro social.
“Las personas mayores deben ser incluidas en las políticas de respuesta y además deben dejar de circunscribirse a la asignación de una pensión que no responde a las necesidades de alimentación, salud y vida de estas personas”, sentenció Ruiz.
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